MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que las autoridades egipcias han detenido arbitrariamente y amenazado de deportación a ciudadanos sirios residentes con visado legal y que incluso habían solicitado asilo político después de haber huido del conflicto armado en su país.
Entre los días 19 y 20 de julio, la Policía y el Ejército egipcios detuvieron a al menos 72 varones y nueve niños sirios en varios puestos de control levantados en las principales avenidas de El Cairo, según ha informado HRW en un comunicado.
Los detenidos, entre los que figuraban solicitantes de asilo y al menos nueve personas con visado válido o permiso de residencia, aparentemente no han sido inculpados de ningún delito, pese a lo cual las autoridades egipcios han amenazado a al menos catorce de ellos con deportarlos a los países vecinos de Siria.
"En Egipto reina una creciente hostilidad hacia los sirios que han huido de la guerra", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Nadim Houry. "Las tensiones políticas no deben servir de excusa a la Policía y el Ejército para sacar a la fuerza a decenas de hombres y niños sirios de un transporte público y meterlos en la cárcel sin ningún respeto a sus derechos", ha advertido.
Al respecto, Human Rights Watch ha expresado su preocupación de que los solicitantes de asilo sean expulsados sin que haya concluido adecuadamente el proceso de examen de sus solicitudes, contraviniendo con ello las exigencias del Derecho Internacional.
Un familiar de uno de los detenidos explicó ayer miércoles a Human Rights Watch que los procedimientos de deportación ya habían comenzado contra siete de ellos y que su expulsión de Egipto era "inminente". Los abogados encargados de los casos de siete de los niños han asegurado que los menores también están en peligro de deportación.
VISADOS Y REFUGIADOS
El pasado 9 de julio, el Gobierno egipcio anunció el endurecimiento de las condiciones de entrada de los ciudadanos sirios por "motivos de seguridad", sobre todo después de que se denunciara que numerosos sirios habían introducido armas y habían participado en las manifestaciones en favor del expresidente egipcio Mohamed Mursi, derrocado mediante un golpe de Estado militar el pasado 3 de julio. Aquella decisión fue duramente criticada por las organizaciones de Derechos Humanos por sus efectos en los refugiados.
El pasado 22 de julio, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmi, anunció que el Gobierno había decidido volverse atrás respecto a la medida del 9 de julio tras reunirse en El Cairo con el presidente de la Coalición Nacional Siria, Ahmed Jarba.
Hasta el 9 de julio, los sirios podían entrar libre e incondicionalmente en Egipto y los refugiados de aquel país habían recibido ayuda humanitaria de Egipto desde el comienzo de las movilizaciones de marzo de 2011, que andando el tiempo degeneraron en la actual guerra civil. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha registrado 70.140 refugiados sirios en Egipto, pero las estimaciones no oficiales han elevado esta cifra a 250.000.
El pasado 11 de julio, Amnistía Internacional (AI) acusó a las autoridades egipcias de estar restringiendo "temerariamente" las condiciones de entrada a los ciudadanos sirios huidos del conflicto armado e incluso habían llegado a repatriar a la fuerza a más de 250, con el consiguiente riesgo de "sufrir violencia indiscriminada y persecución".
