TRÍPOLI, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que, un año y medio después del derrocamiento del dictador Muamar Gadafi, se siguen registrando "graves abusos" contra los Derechos Humanos en Libia, de forma especial detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia.
El nuevo Gobierno libio ha asumido firmes compromisos en defensa de los Derechos Humanos y debe dar los pasos pertinentes para establecer el Estado de derecho, después de cuatro décadas de dictadura y represión, según ha indicado la ONG en un comunicado.
A juicio de HRW, el Gobierno debe conseguir, entre sus prioridades, que las milicias pongan a sus detenidos a disposición de las autoridades, la revisión del sistema de justicia, la creación de fuerzas de seguridad responsables y el fin de la impunidad.
"Libia no ha hecho importantes avances en el último año, a pesar de las elecciones y del nuevo Gobierno, que se ha comprometido a promover los Derechos Humanos", ha declarado el subdirector de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Joe Stork. Sin embargo, "las autoridades deben hacer frente con urgencia a los enormes desafíos que quedan para lograr que la Libia del futuro sea mejor que la Libia pasada", ha agregado.
La organización, en su informe de 665 páginas, ha destacado que la voluntad de los gobiernos de respetar los Derechos Humanos determinará si las revueltas árabes dan como resultado el nacimiento de democracias o simplemente se mantiene el autoritarismo pero con "nuevas caras".
El Ejecutivo ha reconocido que al menos 8.000 personas se encuentran detenidas en Libia, pero que sólo unos 5.600 detenidos están en instalaciones controladas por militares o por el Ministerio de Interior o de Justicia. El número de muertes en custodia no se conoce, según la ONG
"Las milicias, que todavía tienen a numerosos detenidos bajo su potestad, tienen que saber que su conducta es una clara violación de la legislación libia y que son responsables de sus actos", ha subrayado Stork. "Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha otorgado la jurisdicción de Libia al Tribunal Penal Internacional para que investigue los delitos cometidos por todas las partes", ha añadido.
Más de 50.000 siguen desplazadas dentro del país, procedentes de zonas supuestamente afines a Gadafi. En concreto, unas 40.000 personas no han podido regresar a la ciudad de Tawergha (norte), según el comunicado. A su vez, HRW ha destacado que unas 1.300 personas de Tawergha han sido detenidas, se encuentran en paradero desconocido o están muertas.
MEDIDAS URGENTES
Tanto el Gobierno libio como el Congreso Nacional tienen que empezar a tomar "medidas urgentes" y realizar "una ambiciosa reforma legislativa", ha afirmado la ONG en su comunicado. Estas disposiciones tienen que consolidar la libertad de expresión, de reunión y de expresión; fortalecer los derechos de las mujeres y proscribir la discriminación contra las minorías, en conformidad con los compromisos internacionales de Libia para con los Derechos Humanos.
Asimismo, la ONG ha manifestado su preocupación por la falta de voluntad continuada de la OTAN a reconocer, y mucho menos a investigar, decenas de muertes de civiles por sus ataques aéreos en 2011, durante los cuales HRW registró 72 muertes, incluidas 20 mujeres y 24 niños.
Los amigos y aliados de Libia apoyan una transición democrática en Libia, incluida la "rápida construcción" de un sistema judicial "pleno y justo", ha indicado la organización.
"Todos los estados que quieren apoyar a Libia no deberían asumir que la democracia vendrá sola porque Gadafi ya no está", ha puntualizado Stork. "Por el contrario, ahora existe la difícil tarea de construir instituciones adecuadas, de que la Policía rinda cuentas y de establecer el Estado de Derecho".
