MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Federación estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España (FERINE), Víctor Sáez, afirmó este martes que es "muy grave" que extranjeros en situación irregular puedan ser "sometidos a acoso policial" con el reslpaldo de las instituciones públicas por el hecho de empadronarse, algo que es obligatorio para todos los residentes en un municipio. Rumiñahui tildó la propuesta de "chantaje intolerable al Gobierno".
En declaraciones a Europa Press, Sáez respondía así a la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de acatar las palabras de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, en relación a la obligación de todos los Estados miembros de expulsar o regularizar a todos los inmigrantes que residan en su territorio sin la correspondiente autorización.
"Es un retroceso muy grave y un flaco favor a la democracia el que se hace desde este ayuntamiento", señaló Sáez quien sin embargo, dijo no estar preocupado por la posibilidad de que esta práctica se extienda en otros consistorios ya que "la sociedad democrática ya mostró su rechazo" cuando Vic intentó dejar de empadronar a las personas en situación irregular y cuando se "descubrieron irregularidades" en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Por último, ante el anuncio realizado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien dijo que todos sus grupos municipales presentarán mociones en los ayuntamientos para que comuniquen a la Delegación del Gobierno "todas las presuntas situaciones de inmigración irregular que detecten en sus padrones", Sáez pidió al PP que "se dedique a limpiar los delincuentes que tiene en su seno y se deje de perseguir a pobres migrantes que vienen a construir el futuro con sus manos, no a robar a nadie".
Por su parte, el portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, afirmó que la postura de Vic y las declaraciones posteriores de Sánchez Camacho son "un chantaje intolerable al Gobierno central" al que en su opinión desafían ambos por haber manifestado su "clara oposición" cuando el consistorio catalán propuso dejar de empadronar a personas 'sin papeles'.
"Era de esperar que en la antesala de las elecciones, en este caso las catalanas, el fantasma del racismo y la xenofobia fueran avivados por políticos que quieren hacer bandera electoral, pero no se pueden tolerar chantajes al Gobierno central de gente que intenta sacar tajada", añadió Jiménez, para quien esta medida propone "la cacería de inmigrantes como campaña política", lo que en su opinión, "es deleznable".
