CEUTA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ha estimado el recurso de una ciudadana colombiana empadronada en la ciudad con tarjeta familiar de residente comunitaria contra la negativa de la Administración local a expedirle el correspondiente certificado para poder acceder a las bonificaciones del 50% del precio del pasaje marítimo y aéreo, ayudas que la Sala también entiende que debe recibir igual que los nacionales de la Unión Europea.
En su sentencia, el Juzgado huye de cualquier "interpretación literalista que desconozca la finalidad del precepto" del Real Decreto 1316/2001 que regula la concesión de las mencionadas bonificaciones, cuya percepción limita a quienes puedan acreditar ser residentes extrapeninsulares y además "ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza".
A juicio de la Sala ceutí, a cuya resolución ha tenido acceso íntegro Europa Press, la Directiva 2003/109/CE, que fue incorporada al ordenamiento jurídico español hace tres años, deja claro que "los residentes de larga duración gozarán del mismo trato que los nacionales" en lo que respecta, entre otras cuestiones, a "beneficios fiscales".
Igualmente dicha directiva deja claro que "todos los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro de acogida" gozarán "de igualdad de trato respecto de os nacionales de dicho Estado", precepto que extiende "a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios del derecho de residencia".
El Defensor del Pueblo, que considera "razonable" la reivindicación de los extranjeros titulares de tarjeta de residente familiar comunitario por vínculo matrimonial, informó hace dos años de que el Ministerio de Fomento asumiría el pago de esas bonificaciones también a este colectivo una vez que Hacienda diese su visto bueno a la correspondiente consignación presupuestaria y que se iniciasen los trámites de reforma del Real Decreto 1316/2001. Este compromiso todavía no se ha hecho efectivo.
