MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha estimado que aumentarán a 35.000 las demandas de asilo que este año tendrá que tramitar España, tras los compromisos adquiridos con Europa, al mismo tiempo que ha pedido que se diferencien a los refugiados políticos de los inmigrantes ilegales que saltan la valla de Ceuta y Melilla.

   Así lo ha asegurado durante la defensa en el Congreso de las partidas diseñadas por el Gobierno para su ministerio en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. A pesar de no ser el tema que debería haber centrado su intervención, el ministro ha querido concederle más de la mitad de su discurso, tras la fallida reunión de ministros que tuvo lugar el lunes y que ha querido detallar.

   En este contexto, ha subrayado que son 50 las peticiones de asilo que se formulan diariamente en España. Sin tener en cuenta los últimos acontecimientos, Fernández Díaz ha dicho que se esperaban tramitar 12.000 peticiones de asilo este año, a los que habría que sumar los 5.000 por los compromisos adquiridos de Dublin, más los que lleguen por los programas de la UE; sumando así 35.000 peticiones de asilo.

ESPAÑA, UN REFERENTE EUROPEO

   Fernández Díaz ha recalcado que el Gobierno está adoptando ante Europa y este drama una posición "constructiva, solidaria y responsable", formando parte de "la solución y no del problema", como así se lo han reconocido en la citada reunión de ministros europeos.

  "España mantiene una posición especialmente solidaria y constructiva y que se nos ha reconocido. España es un referente en cuanto al control de la inmigración irregular", ha insistido.

   A su juicio, el hecho de que en estos momentos no se esté produciendo un drama en la fachada atlántica ni en el Mediterráneo occidental se produzca un drama humanitario, como sí en otras zonas europeas, es porque España está actuando con solidaridad y responsabilidad.

   En este punto, ha destacado el "esfuerzo" realizado en los Presupuestos para las partidas de asilo e integración de inmigrantes, con un incremento de más del 105% respecto a 2015.

   Por otra parte, ha destacado la enmienda pactada en los Presupuestos por todos los grupos parlamentarios, que eleva a 229 millones de euros las dotaciones relativas a la protección internacional y de acogida e integración de refugiados, que podría también ampliarse con créditos extraordinarios.

ESPAÑA DEBE ACOGER A INMIGRANTES

   Todos los grupos de la oposición han coincidido en sus intervenciones a la hora de solicitar al ministro que cumpla con sus responsabilidades europeas y admite todas las solicitudes de asilo que lleguen al país.

   Desde CDC, Feliu Joan Guillaumes, ha advertido de que no se habla de inmigración económica sino de personas que "huyen del asesinato".

   Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), considera necesario un debate "más completo" y ha invitado al ministro a comparecer en comisión ante esta crisis y frente al "cambio de posición" del Gobierno frente a la política de cuotas de asilo.

   "Hay que agradecer la presión de ONG y grupos parlamentarios para que posición variase respecto a este aspecto. Se tiene que cerrar en Europa pero no le hemos oído decir nada sobre establecimiento de vías seguras para desplazamiento de refugiados", ha insistido.

   A su juicio, la política seguida por el Gobierno hasta la fecha en la materia ha sido "cicatera, corta, parca, y escasa", por lo que ve "necesario" regular una política de asilo "adecuada", y en la que también se atienda a los "emigrantes económicos", destacando aquí la "tragedia de devoluciones en caliente".

   Desde UPyD, Rosa Díez, ha avisado de que la crisis de refugiados en realidad es una "crisis democrática" y ha preguntado al ministro cuándo va a presentar el "prometido" reglamento de asilo, ya que la ley en vigor es de 2009 y el vigente reglamento desarrolla la norma anterior de 1985. También quiere saber si se han iniciado los preparativos para procurar la integración de los refugiados y el reagrupamiento familiar.

   Finalmente, el socialista Antonio Trevín ha criticado que estos Presupuestos adolecen de las garantías y políticas necesarias para garantizar la protección internacional. "La nueva realidad exigirá aumentar las partidas para llevar a cabo las tareas en el reubicamiento y tiene que corregir esta situación", ha solicitado.