El magistrado ratifica el archivo, por no ver en la denuncia más que discrepancias de pareja, sobre todo por motivos económicos
VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, Laurentino Javier D.H., ha ratificado su decisión de archivar la denuncia que una vecina de la capital presentó contra su marido por maltrato psicológico y, frente al argumento inicial de que no creía a la denunciante debido a su elevada formación académica, basó el sobreseimiento de las diligencias en que, según advierte, no evidencia en los hechos más que "discrepancias entre el matrimonio, fundamentalmente de carácter económico", a raíz de que el denunciado presentara demanda de divorcio. El juez reconoce ahora "no es absolutamente inmune" a sufrir malos tratos "la mujer con alta formación o con estudios superiores".
En concreto, en su nuevo auto, que consta de un total de 13 páginas y al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el juez Laurentino Javier D.H. desestimó el recurso de reforma presentado por la letrada de la denunciante contra el primer archivo, pese a reconocer ahora que posiblemente en su primera resolución utilizara una "frase poco afortunada" cuando calificó de sorprendente que una mujer con su elevada formación hubiera aguantado maltrato psicológico de su pareja a lo largo de 16 años de matrimonio.
Así, el juez deja fuera de toda duda que "cualquier mujer, con independencia de su nivel económico, formación o extracción social, puede ser víctima de malos tratos (físicos o psicológicos) y por ello no es absolutamente inmune a tal posibilidad la mujer con alta formación o con estudios superiores".
Sin embargo, y haciéndose eco de las obras de distintos expertos en la materia, recuerda que la dependencia económica, la falta de autonomía financiera y la existencia de hijos menores son factores que abonan la persistencia en el maltrato en la medida en que a la víctima le es más difícil salir de su penosa situación.
"La formación, el nivel cultural, los estudios cursados no son por sí solos elementos que eliminen el riesgo de maltrato. Sí pueden representar un bagaje individual o la posibilidad de disponer de recursos personales que, sin duda, van a dificultar el control y el sometimiento pretendido por el agresor y pueden permitir a la víctima un adecuado análisis de su situación, el acceso a información y la posibilidad de pedir ayuda externa", añade el auto.
En el presente caso, a la formación cultural y medios de la víctima, el juez añade la percepción directa que él mismo tuvo cuando le tomó declaración, no apreciando entonces a la denunciante "circunstancia periférica alguna que pusiese de manifiesto o hiciese atisbar, aunque fuese mínimamente, la situación que ella declara haber vivido. Su testimonio fue breve y se desarrolló con total normalidad", al tiempo que recuerda que el propio Ministerio Fiscal apoyó el archivo de las diligencias.
Por ello, el juez, quien mantiene que no aprecia indicios suficientes del delito denunciado ni de ningún otro, concluye que "sí se constata que a raíz de la demanda de divorcio formulada por el marido frente a la supuesta víctima, ésta presenta denuncia en la que, si no en su totalidad sí en buena parte de ella, lo que se evidencia son discrepancias entre el matrimonio, fundamentalmente de carácter económico, y algunos episodios concretos, parte de ellos de hace más de diez años, que no presentan los perfiles del delito de maltrato psicológico denunciado".
A su vez, el juez incide en que no consta que la denunciante haya sido asistida por profesional (psicólogo, psiquiatra, trabajador social...etc) antes del 13 de febrero del presente año, mientras que la denuncia de los hechos la presentó el día 2 de ese mismo mes.
En definitiva, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer desestimó el recurso que la letrada de la víctima presentó contra el archivo inicial de la denuncia, de forma que ahora será la Audiencia provincial la que deba pronunciarse sobre este caso que generó una honda polémica a nivel nacional tras trascender los argumentos que el juez utilizó la primera vez para fundamentar su decisión.
El caso sobreseído hace referencia a la denuncia que V.C. presentó contra su marido, L.D, de quien está en trámites de separación, tras, presuntamente, sufrir 16 años de menosprecios, insultos y humillaciones por el hecho de que ella era simplemente una licenciada y él contaba con una formación académica superior y era docente de la universidad.
Así, siempre según el contenido de la denuncia, el denunciado no cesaba de recordar a la mujer que su título era "más provechoso y rentable" que el suyo y le advertía de que, por tal motivo, no estaba obligado a compartir con ella sus ingresos. De ahí que, presuntamente, el profesor sometiera a la denunciante a un férreo control económico, hasta el punto de que llevaba un cálculo pormenorizado de los gastos que ella tenía y de sus facturas telefónicas y le exigía los tickets de compra, a pesar de que el matrimonio se encontraba en régimen de gananciales.
La situación tornó todavía a más rocambolesca cuando, establecido el domicilio familiar, el esposo comenzó a exigir a su propia esposa el pago de una renta por vivir en el piso con la excusa de que parte del dinero utilizado para comprarlo había sido aportada por una tía del denunciado. Desde entonces, la mujer pasó a ser inquilina de su marido.
Posteriormente, incluso los padres de ella adquirieron también la condición arrendatarios y se vieron obligados a pagar una renta a su yerno de 60.000 de las antiguas pesetas cuando, por determinadas circunstancias, tuvieron que compartir el piso con la pareja. "¡Si no pagan, no se quedan!", asegura V.C. que le espetó su marido como condición indispensable para dar cobijo a los suegros.
No fue hasta los últimos tres años cuando la convivencia entre ambos se hizo insostenible--ella dejó de celebrar su cumpleaños para no dar explicaciones a los amigos de por qué él nunca estaba presente en las fiestas--y sólo se daban periodos tranquilos cuando la presunta víctima preparaba oposiciones, en los que el denunciado hasta parecía darle apoyo. Sin embargo, cuando ella suspendía se reiniciaba la tortura psicológica en la que se alternaban las humillaciones con periodos en los que su cónyuge no se dignaba a dirigirle la palabra.
