La ministra de Medio Ambiente acusa a Aguirre de "romper España al establecer menos derechos para los madrileños"
MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente presentará un recurso de inconstitucionalidad y pedirá la suspensión cautelar de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, según explicó hoy la titular de la cartera, Cristina Narbona, en un receso de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
"El Ministerio tiene prácticamente terminado el texto, que será presentado por el Gobierno y en el que están colaborando otros ministerios", concretó Narbona, quien acusó a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, de "romper España, al establecer una menor garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid con respecto al resto de las comunidades autónomas".
La ministra destacó que "aún hay tiempo" para recurrir la norma, porque "los recursos de inconstitucionalidad deben ser presentados antes de que transcurran tres meses desde la publicación de la norma recurrida".
Así, mientras el Tribunal Constitucional resuelve si desestima el recurso o lo admite a trámite y, en este caso, hasta que se falle el resultado, el Ministerio pedirá también que se suspenda cautelarmente la normativa, invocando para ello "el interés general y la gravedad de las consecuencias que tendría la aplicación de esta norma", puntualizó la ministra.
Según ella, la gravedad de la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes "se pone de manifiesto", por ejemplo, con el auto dictado recientemente por una jueza de Alcobendas, que no admitió a trámite una autorización judicial para investigar un incendio en una finca forestal por entender que no se trataba de un recinto privado, de un domicilio, y que por tanto era un asunto que correspondía al ámbito contencioso-administrativo y no al penal.
"Con ese auto se hace evidente algo que nosotros ya dijimos: la falta total de rigor en la elaboración de esta norma, que ha pretendido nada menos que atribuirle a los jueces la capacidad de dictar las autorizaciones pertinentes para que los agentes forestales entren en las fincas de la región", criticó la líder socialista, quien recordó asimismo que "sólo una Ley del Estado puede decirle a los jueces qué autorizaciones otorgar".
NO SON DOMICILIOS PRIVADOS
Asimismo, Narbona volvió a insistir en que "no se trata de autorizaciones para entrar en domicilios" y señaló que, "uno de las grandes errores que ha generado esta norma es confundir el monte con un domicilio privado".
La ministra de Medio Ambiente mostró también su apoyo a la lucha de los agentes forestales contra la medida, que les obliga a pedir una orden judicial para poder entrar a investigar cualquier asunto en los montes de titularidad privada de la región, aproximadamente el 75 por ciento del total de monte madrileño". "Creo que los agentes forestales están llevando a cabo actuaciones de defensa de su propia actividad", indicó.
Por último, Narbona acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de "romper España, al establecer una menor garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid con respecto al resto de las comunidades autónomas".
"Romper España es eso, es establecer menos derechos para los madrileños que para el resto de los españoles, ya que el resto de comunidades autónomas están aplicando la Ley Básica de Montes, la reforma realizada en 2006, que establece esa capacidad de los agentes forestales, como agentes de la autoridad, de hacer su trabajo sin ninguna autrización previa precisamente para prevenir delitos tanto ambientales como urbanísticos", apostilló la ministra.
Por ello, volvió a "llamar a la reflexión por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto de una norma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico español y nefasta desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos de Madrid".
