MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP ha remitido un escrito a la Mesa de la Cámara solicitando que se suspenda la tramitación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, puesto que el proyecto fue remitido por el Gobierno sin el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En su escrito, firmado por el portavoz del grupo, Eduardo Zaplana, el PP denuncia que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno el 15 de junio pasó el pasado martes el primer filtro en el Congreso pese a no contar con el pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces, necesario en este caso, puesto que la norma afecta "a la jurisdicción de los jueces y tribunales españoles".
"A pesar de la existencia de ese vicio, el proyecto fue calificado y admitido a trámite por la Mesa del Congreso", relata el PP, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara. A su juicio, esa decisión es "una flagrante violación" de los artículos de la Constitución y el Reglamento del Congreso que obligan a que los proyectos de ley cuenten con "los antecedentes necesarios" para que la Cámara pueda "pronunciarse sobre ellos".
Por todo ello, solicita que la Mesa del Congreso reconsidere la calificación del texto gubernamental y suspenda la publicación y la tramitación del mismo hasta que el CGPJ no se pronuncie sobre el mismo.
La propuesta de reforma de la Ley de Poder Judicial, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, permitirá "perseguir en España el tráfico de personas y las redes de inmigración clandestina", ya que hasta ahora sólo se puede juzgar a los detenidos en aguas internacionales por tráfico de personas si el tráfico tiene como finalidad la explotación sexual, lo que no se corresponde con la mayoría de los casos.
En concreto, el proyecto modifica la citada Ley para que la jurisdicción española sea competente para "enjuiciar el tráfico clandestino de personas y dar el necesario trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos a la vista del flujo migratorio de nuestro país, que proviene, en gran medida, del notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados, que día a día ponen en peligro su vida y su seguridad".
