MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PSOE está estudiando si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Ley Antidesahucios que el Congreso aprobó de forma definitiva el pasado mes de abril, una petición que desde las redes sociales está promoviendo la Plataforma Antidesahucios (PAH), impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular que se tramitó en el Congreso.
Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso han explicado a Europa Press que sus servicios jurídicos están estudiando la propuesta de recurso de inconstitucionalidad que ha redactado la plataforma, y que será presentado en rueda de prensa este miércoles.
El plazo máximo para recurrir ante el TC esta norma concluye el próximo 15 de agosto, por lo que la decisión de los socialistas debería adoptarse en los próximos días. No obstante, incluso de no considerar aceptable la propuesta de recurso de la PAH, el PSOE podría decidir recurrir ante el TC con un texto propio.
CAMPAÑA EN LAS REDES SOCIALES
Entre tanto, los miembros de la plataforma que encabeza la activista barcelonesa Ada Colau están llevando a cabo una campaña de movilización en las redes sociales con la que pretenden interpelar a los diputados y senadores a suscribir su recurso de inconstitucionalidad.
Con la etiqueta #escucheAlaPAH, están animando a todos sus miembros y simpatizantes a instar a los miembros de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes a suscribir el texto, alegando que la ley aprobada es "inútil y perversa", que "no da solución alguna a las personas afectadas por las hipotecas en procesos de desahucio" y que "perpetúa la vulneración de los derechos humanos".
Para poder presentar un recurso ante el Constitucional, el texto debe ir firmado por al menos medio centenar de parlamentarios, lo que hace imprescindible el apoyo del PSOE al margen de que diputados o senadores de otras formaciones puedan sumarse a la petición.
La Ley Antidesahucios salió adelante en la Comisión de Economía del Congreso con el único apoyo de los 'populares' y el rechazo cerrado de toda la oposición tanto por la forma "absolutista" empleada por el partido mayoritario para redactar el proyecto de ley --que sumaba tanto la propuesta del Gobierno como la iniciativa ciudadana que llegó a la Cámara Baja con casi un millón y medio de firmas pidiendo la dación en pago universal y retroactiva-- como por las medidas finalmente incluidas en la normativa.
