VALENCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSPV solicita un total de 15 años de prisión para el diputado del PP y exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, así como una inhabilitación de 30 años para cargo público y una multa de 1,9 millones de euros, en la pieza separada que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con el supuesto fraude en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en el tercer mundo, dentro del 'caso Cooperación'.
Así consta en la calificación provisional presentada por el PSPV --que ejerce una de las acusaciones populares en el caso-- y que ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, quien ha exigido al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, la expulsión "inmediata" de Blasco del PP en las Cortes Valencianas porque lo que ha hecho es "repugnante".
Los socialistas han reclamado las "penas máximas" por cada uno de las nueves imputados --Blasco, Tauroni; el que fuera subsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Català; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás--, así como que "se devuelva hasta el último céntimo".
De este modo, reclaman la misma condena de Blasco para la exsecretaria general administrativa de la extinta Consejería, Agustina Sanjuan, y para el empresario preso, César Augusto Tauroni, exige 15 años de prisión, al que eleva la multa a los cinco millones de euros. Para el resto de los seis imputados en esta causa, las penas solicitadas oscilan entre los tres y 15 años de cárcel.
Los socialistas consideran que los imputados constituyeron "un entramado" para "desviar fondos de Cooperación para obtener beneficio propio". Así, señalan que pese a que la Fundación Cyes "no cumplía ninguna de estas exigencias" establecidas en las bases de la
convocatoria le fueron concedidas pro el departamento que dirigía Rafael Blasco dos subvenciones de 833.409,33 cada una para proyectos en Nicaragua, y otros tres proyectos por un importe total de 161.020,18 euros.
Al respecto, señalan que las citadas adjudicaciones "se produjeron en contra del criterio de la Comisión Técnica del Programa de Cooperación, siendo impuestas por el acusado Rafael Blasco".
Por ello, a Blasco se le reclama por un delito de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de falsedad documental una pena de 15 años de cárcel, una multa de 1.900.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 30 años.
Para el empresario Augusto Cesar Tauroni reclaman por el delito continuado de fraude de subvenciones, un delito continuado de falsedad documental, y el delito continuado de malversación de caudales públicos la pena de 15 años de prisión, una multa de 5.000.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 6 años, así como inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.
A Alejandro Catala, exsubsecretario de Solidaridad, se le pide por el delito continuado de falsedad documental la pena de 6 años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e inhabilitación especial por tiempo de 6 años; a María Josefa Cervera, trabajadora de la Fundación Cys, por el delito continuado de falsedad documental la pena de 3 años de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria de 400 euros; y a José Maria Felip, exdirector general, por el delito continuado de falsedad documental la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e inhabilitación especial por tiempo de 6 años.
Por su parte, para Javier Llopis, exjefe de Área de la Dirección General de Cooperación solicitan por un delito continuado de falsedad documental, la pena de 6 años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e inhabilitación especial por tiempo de 6 años.
Del mismo modo al presidente de Cyes, Marcial López, por el delito continuado de fraude de subvenciones y el delito continuado de falsedad documental 7 años de prisión, multa de 5.000.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 6 años, así como multa de doce meses con una cuota diaria de 400 euros.
Por último, a Marcos Antonio Llinares, exjefe del Servicio de Cooperación, solicitan por el delito continuado de prevaricación y por el delito continuado de malversación de caudales públicos la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años; la pena de 6 años de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años.
"ESCANDALOSO Y REPUGNANTE"
Al respecto, Barceló ha recalcado que si Fabra tiene "un mínimo de ética" no puede seguir "protegiendo, amparando ni cotejando" a quien "en nombre de la solidaridad se ha llevado el dinero de los más pobres en beneficio propio". "Es algo escandaloso y repugnante", ha recalcado Barceló, quien ha señalado que por resulta "inadmisible" que no se expulse a Blasco "inmediatamente".
En ese sentido, ha recriminado a Fabra que "no es capaz de tomar ni una sola decisión sin esperar a que actúen los tribunales" cuando "los partidos debemos denunciar, pero también cesar por responsabilidad política a quienes ocupan un cargo".
Por ello, ha cuestionado que si un presidente "no es capaz de poner orden en su grupo es muy difícil que pueda gobernar la Comunitat Valenciana". "Si Fabra no tiene liderazgo ni capacidad de imponer decisiones en su partido, tampoco lo tiene al frente de la Generalitat", ha insistido. Del mismo modo, ha pedido a los diputados del PP que "persigan y denuncien" a Blasco para acabar tirándolo del grupo popular en Las Cortes.
Barceló, que ha calculado que el juicio oral puede comenzar a finales de año, que "están pendientes de que el juez resuelva la dirección única de letrados y representación procesal dentro del procedimiento", que en caso de que se apruebe, "la podrá asumir cualquiera de las partes".
