MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha solicitado este martes al Gobierno nigeriano que libere "inmediatamente" de dos periodistas arrestados por negarse a identificar a sus fuentes en un artículo en el que se informaba de que el presidente del país, Goodluck Jonathan, había dado ordenes de frustrar la creación de nuevos y potentes órganos de oposición por cualquier medio.
Este mismo martes, la Policía ha confirmado la detención de "varios" periodistas en relación con el caso. El diario 'Leadership', responsable del artículo, ha apuntado que en total hubo cuatro arrestados, si bien dos de ellos ya han sido puestos en libertad.
"La detención de estos dos periodistas es inaceptable. Negarles su derecho viola la legislación nigeriana y los derechos básicos de los periodistas para proteger la confidencialidad de sus fuentes", ha valorado RSF. "Si el presidente se siente ofendido por un artículo tiene varios caminos para responder que no implican la puesta en marcha de una campaña de acoso", ha agregado.
En un primer momento las autoridades detuvieron a Tony Amokeodo y a Chibuzor Ukaibe, quienes firmaron el artículo, junto a sus compañeros Chuks Ohuegbe y Chinyere Fred-Adegbulugbe, quienes fueron posteriormente liberados.
El redactor jefe de 'Leadership', Azubuike Ishiekwene, ha expresado su preocupación por los periodistas que permanecen bajo custodia y ha apuntado que su detención es "una afrenta calculada y descarada contra la libertad de prensa".
"Estamos preparados por nuestra historia y ni nos acobardaremos ni nos dejaremos intimidar por las tácticas de mano dura del presidente Jonathan", ha señalado Ishiekwene en un comunicado.
La semana pasada, el portavoz de la Presidencia, Reuben Abati, calificó el artículo publicado por el periódico de "mentiras inventadas" y no ha efectuado este martes ningún comentario respecto a las cuatro detenciones.
El artículo publicado por 'Leadership' aseguraba que Jonathan había dado la orden de "hacer cualquier cosa para frustrar la emergencia de partidos de la oposición", incluyendo la vigilancia de los gobernadores estatales de la oposición.
Sin embargo, el texto no especificaba si la orden partía directamente del Gobierno, del partido político del presidente, el Partido Popular Democrático, o de su equipo de campaña.
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