MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Liga Española pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso, ha advertido a la Audiencia Nacional de que Marruecos no tiene la primacía a la hora de investigar las presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas en el Sáhara Occidental porque "España sigue siendo formalmente la potencia administradora" y, por tanto, su jurisdicción sigue siendo "prevalente" en el territorio.
La Liga pro Derechos Humanos ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por el fallecimiento del ciudadano español Baby Handay Buyema en los recientes acontecimientos del Sáhara Occidental. A esta querella se unió el pasado 22 de noviembre otra presentada en relación con el mismo caso por el hermano del fallecido.
El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó de que había pedido al juez encargado de la querella que antes de resolver sobre la admisión a trámite de la misma acreditase si existe o no "una investigación efectiva por los hechos denunciados en el ámbito de la Administración de Justicia del Estado de Marruecos" mediante el envío de una comisión rogatoria, a fin de respetar "la primacía de la jurisdicción" de Rabat.
Asimismo, el Ministerio Público reconoció que, a falta de "una ulterior información más completa", los hechos ocurridos en el Sáhara Occidental "podrían tener naturaleza delictiva" y ser constitutivos de "un delito de lesa humanidad".
En respuesta a este informe de la Fiscalía, la Liga aseguró este miércoles en un comunicado que el Sáhara Occidental constituye un "territorio español 'de iure'" ocupado "ilegalmente por Marruecos". "Marruecos no tiene jurisdicción" y España "sigue siendo formalmente la potencia administradora, ya que los acuerdos de Madrid de 1975 son nulos y nadie ha dicho que ese territorio sea marroquí y haya dejado de ser español", añadió.
Por ello, "los hechos se producen en territorio español y por tanto la jurisdicción española es prevalente", prosiguió la Liga pro Derechos Humanos. "Por consiguiente, el problema no es la extraterritorialidad de la Justicia española, sino la de Marruecos, que invade la soberanía española", añadió. "El genocidio no se ha cometido en Marruecos, sino que se ha cometido en un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos", agregó.
No obstante, la organización considera que, "teniendo en cuenta que mediante los acuerdos de 1975 se produjo 'de facto' un abandono de responsabilidades por parte del Gobierno de España, procede analizar la cuestión desde la perspectiva de la jurisdicción universal".
