MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios en el Hogar y la Atención a la Dependencia son uno de los principales "yacimientos de empleo" de la Unión Europea y, sólo en España, tienen el potencial de crear un millón de puestos de trabajo de calidad y no deslocalizables, pero para eso hace falta que el Gobierno emprenda reformas fiscales y laborales.
Esta es una de las principales conclusiones de la primera jornada de la III Conferencia Europea de Servicios a la Persona que se celebra en Madrid auspiciada por la En España, y según se desprende del reciente informe elaborado por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) con apoyo de la Presidencia Belga de la UE.
Según ha explicado el presidente de AESP, Javier Benavente, "la inmensa mayoría de los Servicios a la Persona se están prestando en España desde la economía sumergida, algo que está causando graves perjuicios tanto a la sociedad del bienestar a la que se aspira, como a las arcas del Estado".
"Un ordenamiento jurídico adecuado en el que se incluyan determinadas medidas fiscales y de flexibilidad laboral, permitirá el desarrollo de un sector que va a ser fundamental como fuente de integración, igualdad y bienestar social en España en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta la previsible evolución demográfica de nuestro país", ha añadido.
Sobre este asunto, la viceprimera Ministra y ministra de Trabajo e Igualdad de Bélgica, Joëlle Milquet, ha puesto el acento en que durante los próximos 50 años "el envejecimiento de la población europea va a acrecentarse significativamente y la Unión Europea debe transformar esta evolución en una oportunidad" y en este contexto, el sector de atención a la persona "supone un yacimiento de empleos que conviene poner en valor".
AESP propone, entre otras medidas, lograr la equiparación de precios entre los servicios prestados desde la economía sumergida con los servicios de la economía regulada, aplicar un IVA muy reducido para la prestación de los servicios, deducciones en el IRPF para los particulares que contraten Servicios a la Persona (SAP) de forma regulada.
Asimismo, recomiendan disminuir las cotizaciones sociales a los empleadores del sector, imponer deducciones en el impuesto de sociedades a aquellas empresas que ofrezcan SAP a sus empleados como medio de conciliación laboral y un modelo de contrato que permita la necesaria flexibilidad de la jornada laboral en función de las necesidades de los usuarios, entre otras.
