El PSOE acusa al PP de no aplicar la norma en Madrid y Murcia y éste replica que se ha valorado a 4.000 dependientes en cada comunidad
MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado aprobó este martes una moción en la que exige al Gobierno que los convenios que suscriba con las autonomías para aplicar la Ley de Dependencia "no establezcan una cuantía cerrada de transferencia, sino que contemplen la posibilidad de incrementarla".
La moción fue presentada por el PP y fue aprobada con el apoyo de Coalición Canaria. El PSOE y la Entesa votaron en contra, mientras que el resto de los grupo se abstuvo.
Así, en el texto se explica que que la cuantía debe ser abierta debido a que "el número real de beneficiarios y sus necesidades pueden variar en función de las solicitudes, de las evaluaciones y de los Planes Individuales de atención que se vayan aprobando".
Además, la Cámara Alta pide al Ejecutivo que regule la prestación socio sanitaria, ya que "el 80 por ciento de las personas dependientes son enfermos", y que "ponga en marcha una política de recursos humanos coherente con el volumen actual y las previsiones de empleo en el sector", en las que se definan objetivos e instrumentos de evaluación de la calidad.
Del mismo modo, el Senado solicita que el Gobierno "respete las competencias en materia de gestión de los servicios sociales que corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas" y que, con el objetivo de no detraer fondos que deben dedicarse únicamente a servicios y prestaciones, establezca con las cada autonomía convenios específicos para realizar inversiones en infraestructuras.
CRÍTICAS A MADRID Y MURCIA
Por otra parte, el senador socialista José Antonio Alonso acusó a las comunidades de Madrid y Murcia, gobernadas por el PP, de "no haber hecho absolutamente nada" por desarrollar la Ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
La senadora del PP Belén Do Campo respondió que, desde el mes de abril, se han presentado en la Comunidad de Madrid 9.841 solicitudes, de las que se han valorado "más de 4.000". Del mismo modo, agrego que en la Región de Murcia se han presentado 8.000 expedientes, de los que se han estudiado 4.107. "No se puede decir que estas comunidades no han hecho nada", replicó.
