Reprocha que las adjudicaciones no contemplen criterios de la infancia
BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado este lunes a la Generalitat y los Ayuntamientos que se realice un inventario único del parque de vivienda social de Cataluña para mejorar la gestión, y ha pedido que se aplique la Ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia social en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, aprobada en julio por el Parlament.
En rueda de prensa de presentación del 'Informe extraordinario sobre el acceso a la vivienda social', Ribó ha cifrado la necesidad de este tipo de vivienda en Cataluña en más de 200.000 pisos, por lo que ha reclamado que se den respuestas transversales a los colectivos vulnerables y se eliminen las listas de espera a menos de un mes --pueden llegar a un año-- en situaciones de emergencia.
El informe recoge también propuestas destinadas al incremento del parque social y la mejora de los procesos de adjudicación, en el marco de la "emergencia social" actual, así como la unificación de los criterios de adjudicación --que actualmente son diferentes en los municipios--, así como la inclusión de los referentes a la infancia.
El inventario deberá crearse "con datos reales de las viviendas, que permitan relacionar la demanda y la disponibilidad", un registro que por el momento es inexistente y que, además de mejorar la eficiencia, --con la posibilidad de otorgar pisos de municipios vecinos, por ejemplo--evitaría el fraude, ha observado.
SANCIONES A PARTICULARES
Ribó ha instado a las administraciones a promover el alquiler social, con subvenciones, mejoras fiscales y actuando como aval, y ha recordado que la ley permite sancionar las viviendas privadas --así como las de grandes inmobiliarias y entidades bancarias-- que lleven dos años vacías a pesar de haber recibido propuestas de subvenciones.
Ribó ha criticado que los criterios de adjudicación de vivienda en caso de emergencia social contemplen datos como la ocupación anterior de una vivienda en el municipio por parte del solicitante, o los referentes a sus ingresos económicos, y que por otro lado no se incluyan los derechos del menor que recoge el tratado de Ginebra.
También ha pedido a las administraciones que se comprometan a la cesión, se agilice la gestión de la rehabilitación de viviendas y que se hagan las investigaciones periódicas, así como que se incrementen los recursos destinados a un parque de vivienda público y se fomente el diálogo con el tercer sector, teniendo en cuenta también la crisis de los refugiados.
El Síndic ha destacado que la situación actual es lamentable y "demuestra que no se puede esperar"", y ha reprochado que en España dos de cada 100 viviendas son de política social, mientras que en la Unión Europea la media es de 18 sobre 100.
RECLAMA CELERIDAD
"No es la solución trasladar a la gente a pensiones y albergues", ha destacado, y ha mencionado que hace falta una triple tarea, de facilitar el acceso, acompañar socialmente al que le hace falta, e inmediatamente poner en marcha mecanismos de reinserción.
El informe ha catalogado las quejas recibidas en cuatro apartados, según provenían de personas que llevan años inscritos en el registro y aun no han recibido vivienda ni información suficiente; personas en situación de emergencia social; personas que manifiestan que hay viviendas vacías y objetos de posibles ocupaciones; y quejas sobre la insuficiente partida presupuestaria.
En el informe han colaborado la Agencia de la Vivienda de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios, Cáritas y los ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Santa Coloma, así como la Síndica de Terrassa y las PAH de Barcelona, Terrassa y Sant Cugat del Vallès.
