MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos se mostraron hoy divididos ante el borrador del proyecto de Ley, presentado en la Comunidad Valenciana, segunda región que se adhiere a la propuesta tras la Comunidad de Madrid, para reconocer a los docentes como autoridad pública y garantizarles una "adecuada defensa jurídica y protección" en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato de enseñanza ANPE, Carmen Guaita, calificó la medida de "absolutamente positiva" pues, en su opinión, contribuirá a mejorar la convivencia en las aulas. "Pedimos al resto de comunidades que comprendan que este reconocimiento reforzará la educación y se unan a un proceso que será imparable", auguró.
Mientras, el presidente de ANPE-Valencia, Antonio Ponce, consideró que la referencia a la autoridad moral del profesorado que recoge el documento de medidas del Gobierno "se queda corta". "No hay que confundir autoridad con autoritarismo. La aprobación de esta ley no supondrá ningún paso atrás ni tendrá referencias al pasado", aseguró.
Sin embargo, para el secretario general de CC.OO-Enseñanza, José Campos, el comportamiento de Madrid y Valencia es un "desatino" pues, a su juicio, "utilizar la figura del profesor de forma demagógica es un error total". "Nosotros estamos a favor de reconocer su autoridad, pero el camino que han tomado estas autonomías no es el correcto", criticó.
MADRID Y VALENCIA "ACTÚAN POR SU CUENTA"
En su opinión, con la formulación del Pacto Educativo, el ministro ha abierto un diálogo, en el que tienen cabida "todas las propuestas", por lo que es fundamental que estas dos autonomías "se integren en el acuerdo estatal para llegar a un consenso y que no actúen por su cuenta". "Plantean el tema pero no ofrecen soluciones para mejorar el servicio ni las plantillas en los centros", denunció.
Por su parte, el portavoz de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, Carlos López, propuso a los consejeros que lleven estas reivindicaciones a la próxima Conferencia Sectorial de Educación, para que se incluya en el marco de una norma básica estatal, en vez de tomar una decisión propia de carácter autonómico.
"Lo que recoge el borrador del Gobierno no es contradictorio con lo que piden estas dos comunidades porque plantea reforzar su autoridad, pero se queda en una mera declaración de intenciones que hay que concretar para dignificar la profesión docente y disuadir posibles agresiones", concluyó.
