(Vincular a la anterior información sobre el mismo tema)
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
De las 55 mujeres que fueron asesinadas por otros tantos hombres el año pasado, sólo 17 (30%) habían acudido a la justicia, donde presentaron en total 22 denuncias por violencia de género generando así un total de 27 procedimientos penales, pero "sólo en siete" de ellos se realizó una valoración policial del riesgo, y "sólo uno" tuvo seguimiento posterior, aunque se intentó sin éxito con otro caso.
Así se desprende del último informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pone además el acento en que "sólo en dos procedimientos existe un informe pericial del médico forense que afirma una situación de riesgo para la víctima o sus hijos".
"Ello revela la urgencia del despliegue generalizado de las Unidades de Valoración Forense Integral con plantilla adecuada y formación especializada que pueda ofrecer en el tiempo indispensable, entre otros, informes de valoración pericial del riesgo", señala el Observatorio en su estudio.
Según dicta la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, estos informes son parte de la documentación que debe recibir el juez para ponderar en cada caso la situación de riesgo en que se encuentra la víctima y decidir las medidas de protección más adecuadas para ella.
No obstante, el informe explica que "el examen de las actuaciones judiciales previas al resultado de muerte revela que en ocasiones se han denunciado hechos que pueden parecer de cierta nimiedad, como empujones o amenazas, o de una entidad que en su traducción a la declaración difícilmente permiten presagiar una muerte".
En total, las 17 mujeres que acudieron a la justicia presentaron 22 denuncias a las que se sumaron 5 incoadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Así, dos de las víctimas habían denunciado dos veces, otras dos mujeres lo hicieron tres veces y una estuvo implicada como víctima en cinco procedimientos penales, bien por denuncia (presentó cuatro), bien por actuación policial de oficio, antes de ser asesinada.
Aunque 14 de estas 17 víctimas mortales que denunciaron habían solicitado medidas de protección, dos no la consiguieron, una porque renunció a seguir con la denuncia y otra "se denegó por valorar que no concurrían circunstancias que justificasen la solicitud", según explica el informe.
LA MITAD NO QUIERE SEGUIR
Además, el CGPJ dedica un apartado del estudio a la "actitud de la víctima" ante el procedimiento y destaca que cuatro de las 17 denunciantes se acogieron a su derecho a no declarar y otras cuatro expresaron su voluntad de renunciar a las acciones penales y civiles que pudieran corresponder.
De este modo, casi la mitad de las mujeres asesinadas que habían acudido a la Justicia "exteriorizaron su deseo de que el proceso no continuara", por lo que se archivaron las actuaciones. Además, en otro de los casos la víctima modificó su declaración durante el juicio oral, aunque aquello no impidió la sentencia condenatoria.
"Se aprecia en la víctima, como es tradicional, una actitud procesal peculiar y ambivalente, que se debate consigo misma entre mantener la denuncia y perdonar a su agresor, incluso aunque perciba la intensidad del riesgo que soporta", explica el informe.
