BRUSELAS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Veintisiete y la Eurocámara han alcanzado este miércoles un acuerdo político sobre una nueva norma que endurecerá las penas para los delitos de tráfico de seres humanos, de las que son víctimas varios cientos de miles de personas al año en Europa, y garantiza que se juzgue a los responsables incluso cuando cometan los delitos en el extranjero.
La nueva legislación amplía la definición de tráfico de seres humanos para incluir también los casos de incitación, complicidad y tentativa. La pena mínima en toda la UE será de 5 años, que se elevará a 10 años en el caso de que concurran circunstancias agravantes: que la víctima sea un menor, que se ponga en riesgo su vida, que haya un alto grado de violencia o que el autor pertenezca a una red criminal.
Además, se podrá retirar la licencia comercial a los responsables y cerrar de forma temporal o permanente sus negocios, así como excluirles del derecho a recibir prestaciones sociales.
La norma obliga a los Estados miembros a prestar asistencia y apoyo a las víctimas antes, durante y después de los procedimientos judiciales, especialmente a los niños.
El texto todavía debe ser ratificado por el pleno de la Eurocámara en diciembre.
