Actualizado 04/05/2007 20:21

Los Verdes trasladará a Conde-Pumpido las "infundadas acusaciones" contra una letrada de Ecologistas en Acción

ALMERÍA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Los Verdes Francisco Garrido anunció hoy que se reunirá el próximo martes, 8 de mayo, con el Fiscal General del Estado (FGE), Cándido Conde-Pumpido, para trasladarle las "infundadas acusaciones" contra la letrada de Ecologistas en Acción de Almería Pilar Rodríguez, imputada por un presunto delito de injurias y calumnias contra el juez de lo contencioso-administrativo número uno de Almería, Tomás Cobo.

En rueda de prensa, Garrido anunció que la abogada acudirá con él a la cita con el FGE para defender "el trabajo de los ecologistas, que están actuando dentro de la ley" y criticó que "el caso es un intento de escarmentar a los que luchan por la defensa de la legalidad en el medio ambiente".

Los Verdes también lamentó que el "acoso" judicial a los ecologistas no se produce sólo en Almería, sino que se registra también en otros puntos de Andalucía. Además del caso de la abogada del colectivo conservacionista, Garrido informará a Conde-Pumpido de las multas y denuncias impuestas al colectivo 'Levante sin Cables Aéreos', que aboga por el soterramiento de la línea eléctrica en el Levante almeriense.

El diputado de Los Verdes señaló que ha remitido al Ministerio de Justicia una serie de preguntas en las que expone que "la actual situación de desmanes urbanísticos, especulación y corrupción política en muchos municipios españoles, especialmente del litoral, hubiese sido imposible sin la pasividad tanto de sectores del poder judicial como del Ministerio Fiscal".

El escrito pregunta si "el Gobierno tiene conocimiento del acoso judicial contra portavoces ecologistas, vecinales y ciudadanos que luchan contra la especulación urbanística", así como "qué medidas piensa adoptar para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la crítica por parte de los colectivos ecologistas" o "si el FGE piensa elaborar alguna instrucción a los fiscales para garantizar la libertad de expresión y de crítica del movimiento ecologista y vecinal que se enfrenta a la especulación y la corrupción urbanística y política".