SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-a) y Acsur las Segovias advirtieron hoy que las declaraciones públicas y propuestas políticas realizadas en materia de inmigración de los últimos días acercan de la polémica sobre el empadronamiento en el municipio de Vic, "generan un peligroso caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia".
Según indicaron en un comunicado conjunto ambas entidades, desde que hace ya dos años comenzaron a aparecer los síntomas de la actual situación de crisis social y económica, los colectivos sociales han advertido reiteradamente de la "necesidad de extremar la responsabilidad a la hora de tratar el fenómeno migratorio desde los foros políticos y mediáticos, ya que estos momentos son especialmente propicios para que surjan indeseables brotes de racismo y xenofobia".
Pero, lamentaron, "desgraciadamente, estos llamamientos de la sociedad civil han tenido un escaso eco", algo tangible en reformas legislativas "tremendamente restrictivas" como la Directiva Retorno europea y la reciente reforma de la Ley de Extranjería española, principalmente, como con "constantes" mensajes vertidos desde los más diversos sectores, que están señalaron, que directamente o indirectamente, la presencia de población de origen inmigrante en Europa y España es un factor que "agrava las consecuencias de la crisis".
Además, tal y como destacaron, en los últimos días, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Vic de intentar no empadronar a sus vecinos de origen inmigrante en situación documental irregular, se ha iniciado una "espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas que son muy alarmantes por sus posibles efectos de fomento del rechazo social hacia nuestros conciudadanos de origen inmigrante".
Así, señalaron que la iniciativa del ayuntamiento de Vic, "afortunadamente paralizada, ha puesto de manifiesto que los obstáculos para acceder al padrón municipal no son exclusivos de este municipio", haciéndose público que ayuntamientos como los de Torrejón (Madrid) o Salt (Gerona) también se niegan a empadronar a personas extranjeras en situación documental irregular.
"Ello tiene un doble efecto perverso", aseguraron, porque, por una parte, "condena a la inexistencia jurídica y a la imposibilidad de poder aspirar a regularizar su situación a miles de personas y, por otra, le veta el acceso a derechos fundamentales básicos como la sanidad y la educación, derechos que la legislación vigente obliga a reconocer a toda persona que se encuentre en nuestro país, sea cual sea su situación administrativa, y el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente como especialmente vinculados a la dignidad humana".
Asimismo, lamentaron que diversos responsables del PP han reclamado a tenor de estos hechos una nueva reforma de la LOEX que restrinja aún más los derechos fundamentales de las personas extranjeras en España.
También criticaron las palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, al afirmar que su Gobierno "no iba a caer en el peligro del buenismo al tratar las cuestiones migratorias", recordando que "reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las personas independientemente de su origen y el reconocimiento de la condición de ciudadanos no supone un cándido ejercicio caritativo de ilusos fuera de la realidad", sino que simplemente es una "exigencia" derivada del respeto a la dignidad humana de instrumentos internacionales vigentes y ratificados por España y de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia.
RECHAZO A LAS DECLARACIONES DEL PP
Por último, rechazaron las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, quien ha abogado por la expulsión de personas inmigrantes que comentan delitos penados con más de seis meses de prisión.
Por ello, las organizaciones instaron a la sociedad civil a exigir responsabilidad a todas las instancias políticas, mediáticas y sociales a la hora de tratar el fenómeno migratorio.
"Nuestros vecinos migrantes ni son causa ni agravan las consecuencias de la crisis social y económica, sino que son un colectivo que sufre con especial rigor las mismas por los sectores económicos en los que mayoritariamente trabajan, por no poseer las mismas redes de protección familiares y sociales que las personas autóctonas", incidieron.
