LA PAZ, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) denunció este martes la falta de garantías jurídicas en las últimas normas aprobadas en Bolivia y un proyecto de ley en trámite impulsados por el presidente, Evo Morales, con el propósito de enjuiciar a los dirigentes y miembros de las dictaduras que sufrió el país iberoamericano en la década de los años 80.
Según la organización, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó recientemente dos leyes, y está debatiendo una tercera, cuyas disposiciones no cumplen con requisitos básicos que el derecho internacional considera indispensables para garantizar un juicio justo.
"Nadie está por encima de la ley, y los ex jefes de Estado que hayan cometido delitos durante sus funciones deben rendir cuentas por sus actos", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al tiempo que recordó que "tienen derecho a las mismas garantías procesales que la Constitución y el derecho internacional reconocen a cualquier otra persona".
La organización acusa al líder indígena de no respetar la independencia del Poder Judicial, ya que el pasado mes de febrero impulsó la aprobación de una norma que le permite designar directamente a los magistrados que ocuparán las vacantes de algunos tribunales, entre ellos la Corte Suprema, hasta que se celebren las primeras elecciones judiciales en diciembre de este año.
En relación a este asunto, Vivanco consideró que "la designación directa de los jueces interinos por el presidente, mediante un proceso que carece de las garantías, despierta dudas acerca de la apariencia de independencia e imparcialidad del tribunal"
HRW recordó que los tratados internacionales sucritos por Bolivia --como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)-- exigen que las personas sean juzgadas por un "tribunal independiente e imparcial".
La organización manifestó también su preocupación por la determinación del mandatario boliviano de celebrar "juicios en rebeldía", es decir, en ausencia del acusado, por considerar que vulnera el derecho a "hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección".
Según el derecho internacional, los juicios en rebeldía solo se aceptan en circunstancias excepcionales y cuando existe una renuncia expresa al derecho a estar presente durante el procedimiento. Aún así, para que se desencadene un proceso de este tipo, el imputado debe haber sido citado e informado en profundidad.
Asimismo, HRW subrayó los riesgos de la aplicación retroactiva de la ley, tal y como se habilitado en Bolivia para los delitos enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, ya que constituye "un mal precedente para otro tipo de cuestiones".
