Uno de cada cinco tenía residencia legal, en algunos casos desde hacía décadas, y un millón de ellos fueron separados de sus familias
WASHINGTON, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 75 por ciento de los extranjeros que fueron deportados de Estados Unidos durante la última década después de cumplir una condena penal habían sido procesados por delitos no violentos, mientras que uno de cada cinco se encontraba legalmente en el país, en algunos casos desde hacía varias décadas, señaló la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado hoy.
El informe, de 64 páginas, se basa en datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos correspondientes al período entre 1997 y 2007, y evalúa los efectos de las indiscriminadas leyes sobre deportación aprobadas en 1996.
El informe muestra que algunos de los delitos más comunes por los cuales las personas fueron deportadas constituían asuntos relativamente menores, como tenencia de marihuana y cocaína, o infracciones de tráfico. Entre los inmigrantes legales que fueron deportados, el 77 por ciento había sido condenado por este tipo de delitos no violentos. Muchos habían vivido en el país durante años y fueron obligados a separarse de sus familiares cercanos.
"Durante los 12 años en que se han aplicado las leyes sobre deportación de 1996 nadie se ha molestado en preguntar si el ICE efectivamente se centró en el grupo al cual estaban destinadas, es decir, los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves y violentos", señaló la directora adjunta del programa de Estados Unidos en Human Rights Watch y autora del informe, Alison Parker.
"Pero ahora sabemos que una importante cantidad de personas que se encuentran aquí legalmente y que han sido condenadas por infracciones no violentas se ven perjudicadas habitualmente por estos operativos", advirtió.
En el informe, Human Rights Watch insta al presidente Barack Obama y al Congreso a que revisen las leyes sobre inmigración, a fin de reducir la deportación de inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.
Como mínimo, señala el informe, las leyes de inmigración deberían ser reformadas para permitir que los inmigrantes legales que se enfrentan a la posibilidad de ser deportados puedan solicitar a un juez que les permita permanecer en Estados Unidos cuando se trate de un delito relativamente menor y mantengan vínculos estrechos (especialmente lazos familiares) con este país.
SEPARACIONES FAMILIARES
Los inmigrantes que son deportados por actividades delictivas suelen enfrentarse a este proceso una vez que cumplen su condena. Según el informe, tras concluir sus penas deben comparecer ante un juez cuyo margen de actuación está limitado por las leyes de 1996, que con frecuencia les impiden tomar en consideración las relaciones familiares o las aportaciones positivas realizadas por el inmigrante. A menudo, sólo tienen facultades para determinar si se trata de un ciudadano extranjero que ha sido condenado por un delito para el cual se prevé la deportación.
A partir de datos del censo y otras cifras difundidas por el Pew Hispanic Center, el informe estima que poco más de un millón de personas han sido separados de sus familiares como resultado de estas deportaciones.
"Debemos preguntar por qué, en medio de una crisis financiera, se emplean cuantiosos fondos de control inmigratorio para deportar a residentes legales que ya han sido sancionados por sus delitos", expresó Parker.
"Muchas de estas personas han vivido en el país legalmente durante décadas, algunas de ellas han estado en el Ejército y otras son dueñas de negocios. Y, sin embargo, a menudo se ven separadas de sus familiares, incluidos sus hijos, quienes son ciudadanos o residentes legales", concluyó.
