La organización teme que los hostigamientos aumenten a medida que se acercan las elecciones de 2011
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha acusado a las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo (RDC) de perseguir y amenazar a los defensores de los Derechos Humanos, ha exigido al Gobierno de Kinshasa que proteja a estos activistas y ha advertido de que este hostigamiento puede ir en aumento a medida que se acercan las elecciones presidenciales y nacionales de 2011.
"El Gobierno de la República Democrática del Congo debe hacer valer el derecho a la libertad de expresión y garantizar que los defensores congoleños de los Derechos Humanos están protegidos contra las amenazas, la detención arbitraria y las agresiones", manifestó el investigador de Amnistía sobre la RDC, Andrew Philip. "A muchos defensores de los Derechos Humanos se los ha detenido simplemente por defender a otros", añadió.
"Los defensores de los Derechos Humanos de la República Democrática del Congo desempeñan una función decisiva a la hora de llamar la atención sobre los abusos contra los Derechos Humanos, pero la intensificación del hostigamiento de que son objeto hace que les resulte cada vez más difícil realizar su importante trabajo", denunció Andrew Philip.
La organización ha presentado este miércoles un informe en el que documenta la persecución que sufren ocho destacados defensores de los Derechos Humanos de la República Democrática del Congo. Muchas de las detenciones, reclusiones e intimidaciones corren a cargo de la Agencia Nacional de Información, según el informe. Amnistía Internacional "recibe con regularidad informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos en sus centros de detención", aseguró la organización.
CASOS CONCRETOS
El informe da cuenta de varios casos concretos, como el de Golden Misabiko, presidente de la sección de Katanga de una organización nacional de Derechos Humanos, que fue detenido en julio de 2009 después de que su organización denunciase la implicación de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado en actividades ilegales de extracción de uranio altamente radiactivo y otros minerales en la mina de Shinkolobwe, provincia de Katanga. Posteriormente fue condenado a un año de cárcel por "publicación de información falsa". Misabiko sufrió graves problemas de salud física y psicológica a causa de "sus terribles condiciones de reclusión", según AI.
Otro caso es el de Robert Ilunga, defensor de los derechos comunitarios y presidente de una ONG de Derechos Humanos de Kinshasa, detenido y recluido en régimen de incomunicación en septiembre de 2009 por denunciar las duras condiciones laborales de los trabajadores de una empresa de preparación de grava de Kasangulu, provincia de Bas-Congo.
Aparte, los líderes de cuatro organizaciones de Derechos Humanos radicadas en la ciudad suroriental de Lubumbashi, provincia de Kananga, reciben mensajes SMS, "anónimos y cada vez más siniestros", desde mediados de septiembre de 2009, cuando lanzaron una campaña local en apoyo de Golden Misabiko. Uno de estos cuatro líderes, Grégoire Mulamba, fue secuestrado el 18 de octubre de 2009 cuando regresaba a casa del trabajo. Los secuestradores, que le amenazaron con un arma y le vendaron los ojos, lo abandonaron al cabo de 20 minutos en un cementerio en la afueras de Lubumbashi.
Varios defensores congoleños de los Derechos Humanos han contado a Amnistía Internacional que las detenciones y los hostigamientos contra ellos han aumentado "de forma acusada" a lo largo de 2009, y los observadores de la ONU en el país han confirmado esta información, según el informe.
RECOMENDACIONES DE LA ONU
Aparte, varios países han expresado su preocupación por la situación de los defensores de los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo y formularon recomendaciones al Gobierno congoleño durante el examen periódico universal al que fue sometido el país en diciembre de 2009 durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El Gobierno de la RDC se mostró de acuerdo con las recomendaciones del examen periódico, en el que se le instaba a tomar nuevas medidas para proteger los derechos de los defensores, a garantizar que se llevan a cabo de manera efectiva investigaciones y enjuiciamientos por los delitos y abusos cometidos contra los activistas y periodistas y a aprobar un marco jurídico efectivo para su protección, de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha instado al Gobierno a "emprender con prontitud estos cambios, en la ley y en la práctica".
