DUBAI, 8 Ene. (Reuters/EP) -
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), las dos principales organizaciones mundiales de Derechos Humanos, han denunciado este martes que la decisión de la Justicia bahreiní de confirmar las penas de cárcel contra trece líderes de las manifestaciones antigubernamentales de 2011 supone una violación de derechos fundamentales y confirma el "acatamiento de la Justicia" los intereses del Gobierno.
Las condenas, dictadas inicialmente por un tribunal militar en junio de 2011 y confirmadas en septiembre de 2012 por un tribunal civil, conllevan penas de prisión que van desde los cinco años de cárcel hasta la cadena perpetua. Según un abogado de los procesados, la decisión del Tribunal de Casación de confirmar las penas, anunciada ayer lunes, no admite recurso.
En un comunicado, Human Rights Watch ha asegurado que sus propias investigaciones han demostrado que las pruebas presentadas contra los procesados se basaron únicamente en sus declaraciones públicas en favor de las reformas políticas y en confesiones obtenidas aparantemente mediante coerción.
"Los alucinantes veredictos de estos casos no hacen una sola mención a delitos penales reconocibles y, en cambio, se refieren a las declaraciones de los acusados, a las reuniones a que asistieron y a sus llamamientos en favor de las protestas pacíficas en las calles entre febrero y marzo de 2011", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo de HRW, Joe Stork.
"El Tribunal de Casación de Bahréin ha demostrado su incapacidad para proteger los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Bahréin y por los tratos internacionales de los que el país es signatario", ha añadido en un comunicado.
El Gobierno de Bahréin ha asegurado que los tribunales son independientes. No obstante, los miembros de la dinastía reinante en el país, los Al Jalifa, ejercen la cartera de Justicia en el Gobierno y ocupan algunos de los principales puestos del sistema judicial. Por ejemplo, el propio Tribunal de Casación está presidido por un miembro de los Al Jalifa y el mismísimo rey Hamad preside el Consejo Supremo Judicial.
Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que el fallo revela los "fallos" del sistema judicial. "Esta injusta decisión va servir para confirmar la opinión de muchas personas según las cuales el sistema judicial está más preocupado por acatar las posturas del Gobierno que de preservar el Estado de derecho y los derechos de todos los bahreiníes", ha declarado la subdirectora de la organización para Oriente Próximo, Hassiba Hadj Sahraoui.
LAS CONDENAS
Entre los condenados a cadena perpetua --que equivale realmente a 25 años de prisión en Bahréin-- figuran el célebre activista por los derechos humanos Abdulhadi al Jawaja y el líder opositor Hassan Mushaimaa, partidario del derrocamiento de la monarquía y de la proclamación de la república. Otro de los procesados es el líder del partido opositor Waad, Ibrahim Sharif, único suní convicto en este caso, quien ha sido condenado a cinco años de prisión.
Los principales cargos contra los procesados son "la formación de un grupo terrorista con la intención de derribar al Gobierno" y la colaboración con un Estado extranjero, en referencia a Irán. Los acusados han rechazado los cargos y han asegurado que únicamente se habían movilizado para reclamar reformas democráticas.
Desde febrero de 2011, en la aureola de la llamada 'Primavera Árabe', Bahréin fue escenario de importantes movilizaciones populares lideradas por la mayoría chií y en contra de la élite suní que gobierna el país a través de los Al Jalifa.
Bahréin ha acusado a la República Islámica de Irán de haber atizado las revueltas y ha contado con el apoyo militar de Arabia Saudí y policial de Emiratos Árabes Unidos para reprimir las movilizaciones. Miles de personas han sido detenidas y procesadas en tribunales militares en aplicación de la ley marcial.
Bahréin alberga la Quinta Flota de Estados Unidos y Washington lo considera un aliado importante de cara a sus disputas con Irán. Por ello, el Gobierno norteamericano ha instado al Gobierno a dialogar con la oposición para restaurar la calma, lo cual no ha impedido que hayan continuado tanto las movilizaciones como los actos de represión policial. Las dos partes se acusan mutuamente de la violencia.
