MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha pedido a los Estados de la Unión Europea que firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, de esta manera, "empezar a considerar el impacto de las medidas de austeridad" en los Derechos Humanos.
El citado protocolo, que entrará en vigor el próximo 5 de mayo, permitirá a las personas reclamar justicia ante las Naciones Unidas en el caso de que se vulneren sus derechos (incluidos alojamiento adecuado, alimentación, agua, saneamiento, salud, trabajo, seguridad social y educación) y su Gobierno no proporcione resarcimiento.
A día de hoy, diez países han ratificado el Protocolo, entre ellos Eslovaquia, España y Portugal, mientras que otros países de la UE lo han firmado (Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Países Bajos).
En el contexto de la actual crisis económica, Amnistía Internacional ha expresado su "convicción de que es sumamente importante que todos" los Estados miembros de la Unión Europea (UE) firmen y ratifiquen el Protocolo y "empiecen a tener en cuenta, aunque sea con retraso, el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos".
Según explica en un comunicado, en los países de la UE la crisis económica y las medidas de austeridad han afectado a diversos derechos económicos y sociales, entre ellos los que garantizan el acceso a seguridad social, vivienda, salud, educación y alimentación, lo que "suele tener un efecto desproporcionado en los sectores más pobres y marginados".
EL COMPROMISO DE LA UE
AI entiende que la UE, al firmar y ratificar el protocolo, "demostraría el compromiso" de sus países miembros de adoptar medidas que respeten los derechos humanos, y también permitiría la rendición de cuentas internacional una vez que se hubiesen agotado todas las vías judiciales del respectivo país.
"A Amnistía Internacional le preocupa que el debate que se mantiene en la UE sobre la crisis económica todavía no haya tenido en cuenta el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos. Parece que este aspecto ha brillado por su ausencia en las discusiones, pese a la obligación existente de garantizar que toda persona puede disfrutar de derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación", ha señalado.
