LONDRES, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo defensor de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) acusó hoy al Gobierno de Sudán de retener a cientos de personas, incluidas mujeres y un bebé de nueve meses de edad, sin ninguna acusación formulada contra ellos y sin acceso a un abogado, mientras se prepara para juzgar a otras 109 personas por los ataques armados que cometió el pasado 10 de mayo el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) a las afueras de Jartum.
Muchos de ellos permanecen encarcelados sin justificación alguna y AI afirma haber recibido informaciones de torturas y maltrato por parte de personas ya liberadas que temen que los que áun permanecen detenidos se encuentren en alto riesgo de tortura o que hayan desaparecido.
La acusación de AI llega después de que ocho presuntos miembros del JEM fueran sentenciados ayer a la pena capital por el Tribunal Especial contra el Terrorismo del país en juicios que, según esta organización, no alcanzaron los niveles internacionales de imparcialidad.
"El Tribunal Especial para la lucha contra el terrorismo de Sudán no es sino una parodia de la Justicia", afirmó la subdirectora de AI para África, Tawanda Hondora. "Algunas de las personas sentenciadas ayer conocieron a sus abogados durante la primera parte del juicio, mientras que varios de ellos afirmaron haber sufrido torturas cuando permanecieron incomunicados y fueron obligados a confesar los crímenes", añadió.
Uno de los abogados de los condenados ayer declaró a AI que su petición de investigar las acusaciones de tortura y maltrato por su cliente fue rechazada por el tribunal, incluyendo una solicitud para realizar un examen médico a pesar del hecho de que "las marcas de maltrato aún se ven en sus cuerpos".
Los abogados de la defensa apelaron todos los veredictos dentro de un período límite permitido por estos tribunales. Se espera que la decisión final, que tiene que tomar un Tribunal Especial de Apelación, llegue durante las próximas semanas. A partir de entonces, el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, tendrá que firmar la condena de ejecución.
"El Gobierno de Sudán tiene la obligación de investigar los crímenes y traer a los culpables ante la Justicia, pero deben hacerlo de acuerdo al Derecho Internacional y a su propia Constitución, con las garantías de un juicio justo", añadió Hondora. "Pedimos a las autoridades sudanesas que no ejecuten a estos hombres y que revisen sus casos inmediatamente, de acuerdo con las leyes de Sudán", reclamó.
La organización también pidió a las autoridades sudanesas que revelen el paradero de todas las personas detenidas en el contexto de la investigación del pasado 10 de mayo y que todos sean acusados inmediatamente o puestos en libertad sin demora.
