MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha presentado este miércoles al Parlamento Europeo una petición con cerca de 70.000 firmas instando a la Unión Europea y a los gobiernos de sus 27 Estados miembros a que protejan a los "inmigrantes invisibles" y dejen de poner en peligro a las personas que llegan a las costas y las fronteras de Europa.
De esta forma, la ONG exige "transparencia y rendición de cuentas" a gobiernos e instituciones en relación al trato que reciben las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a las fronteras de la UE, y "mayor vigilancia sobre la implementación de los acuerdos de control migratorio con terceros países".
El director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Nicolas Beger, ha señalado que "miles de personas en todo el continente han expresado su alarma por lo que está ocurriendo de forma casi invisible en las fronteras europeas".
"Los gobiernos a menudo recurren a prácticas que obligan a las personas migrantes a utilizar peligrosas vías para llegar a Europa, a menudo con fatales consecuencias", ha denunciado Beger, quien recuerda que el mes pasado seis ciudadanos sirios murieron ahogados al naufragar su embarcación en el Mar Egeo.
Mediante una gran acción ante el Parlamento Europeo con un barco de refugiados simbólico, Amnistía Internacional exige mayor transparencia en las fronteras de Europa.
En España, la ONG pide a las autoridades españolas que clarifiquen lo sucedido en el incidente en la costa de Lanzarote --donde murió una persona y seis resultaron desaparecidas-- y en la expulsión colectiva a 70 inmigrantes de Isla de Tierra. Asimismo, reclama que se asegure que los acuerdos de readmisión con terceros países recogen garantías y mecanismos de supervisión sobre el respecto de los derechos humanos.
También piden al Ejecutivo que se proporcione información periódica sobre la aplicación de dichos acuerdos, así como de las operaciones de interceptación, devolución y expulsión de personas migrantes y que garanticen que sus prácticas y políticas de control migratorio no provocan o contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos.
