MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha celebrado la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de abrir una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos desde enero de 2012 en el norte de Malí, pero ha advertido de que las violaciones de Derechos Humanos "no se han cometido solo en el norte" y ha pedido que se investiguen los crímenes denunciados "en todo el país, incluidos los cometidos por las fuerzas de seguridad".
El pasado miércoles, la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, anunció que, tras concluir el examen preliminar iniciado en julio del año pasado, se ha determinado que "se cumplen los criterios jurídicos" para "investigar" supuestos crímenes de guerra ocurridos en la parte septentrional del país africano por parte de los distintos grupos insurgentes, tanto islamistas como tuaregs.
La investigación había sido solicitada a la Fiscalía del TPI en julio de 2012 por el ministro maliense de Justicia, Malick Coulibaly, quien alegó la "imposibilidad" de las autoridades nacionales para llevarla a cabo y para procesar a los perpetradores.
"Ésta es una ocasión importante para que se haga justicia con las víctimas de estos crímenes", ha declarado la directora adjunta del Programa de África de Amnistía Internacional, Paule Rigaud, en un comunicado.
No obstante, Amnistía ha advertido de que las violaciones de Derechos Humanos "no se han cometido únicamente en el norte del país" y que se han registrado "actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y ataques contra dirigentes políticos, periodistas y disidentes pacíficos en el sur del país, donde se encuentra la capital, Bamako".
Por ello, AI ha instado a la fiscal del TPI a "investigar debidamente los crímenes cometidos por todas las partes". "Aunque la situación en el norte de Malí atraiga toda la atención, el TPI debe examinar el conjunto de los crímenes denunciados en todo el país, incluidos los cometidos por las fuerzas de seguridad", ha agregado Rigaud.
LA FISCAL
En su declaración, la fiscal del TPI explicó el pasado miércoles que "desde el comienzo del conflicto armado que estalló en enero de 2012, los habitantes del norte de Malí han sufrido los grandes problemas que afectan a la región", a causa de los "grupos armados" que se han dedicado a "sembrar el terror" mediante "actos de extrema violencia".
Bensouda advirtió de que varios "actos de brutalidad y de destrucción" constatados en la parte norte de Malí "podrían ser constitutivos de crímenes de guerra según el Estatuto de Roma", citando como ejemplos los casos de muerte, mutilaciones, tratos crueles y tortura, ataques contra lugares protegidos, condenas dictadas al margen de cualquier estructura judicial, robos y violaciones.
En marzo de 2012, el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), un movimiento tuareg laico, arrebató el norte de Malí a las tropas gubernamentales en una rebelión cuyo fin último era la independencia, pero la revuelta fue enseguida secuestrada por tres grupos islamistas: el Movimiento de Unidad para la Yihad en África Occidental (MUYAO), Ansar Dine y Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).
Durante los meses transcurridos desde entonces, la zona norte de Malí ha funcionado como un territorio al margen de cualquier control oficial donde los islamistas han aplicado la 'sharia' (ley islámica) para castigar a los responsables de diversos delitos. Estos grupos también han destruido monumentos protegidos por considerarlos contrarios a su visión del Islam.
La apertura de la investigación coincide con la operación militar lanzada hace aproximadamente una semana por Francia para desalojar a los grupos islamistas del norte de Malí, en la que cuenta con el apoyo logístico de varias potencias occidentales y con la cobertura militar de algunos países africanos.
