BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace anunció hoy que denunciará en los tribunales al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el proceso de selección de los candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de recursos radioactivos, al entender que "vulnera" el Convenio Aarhus de la Unión Europea, según el cual es necesario que la construcción de una instalación de este tipo cuente con un "proceso participativo previo" que no se ha dado.
El responsable de la campaña antinuclear de los ecologistas, Carlos Bravo, explicó en rueda de prensa en el Parlament de Catalunya que "en breve" acudirán a los tribunales de justicia, por entender que la vía administrativa no ofrece las mismas posibilidades de paralizar el proceso, y porque el Ministerio "nunca responde" ante requerimientos de este tipo.
En cualquier caso, Bravo señaló que el recurso se presentará contra la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, y ello se justifica en que Greenpeace entiende que "se está vulnerando todo tipo de normativa". En la misma línea, consideró "ilegal" la resolución anunciada el 23 de diciembre de 2009 por el que se convocaba el concurso para que se presentaran candidatos a albergar el ATC.
El responsable de Greenpeace, que se reunió hoy en Barcelona con el diputado en el Congreso y próximo candidato a la Generalitat de ICV-EUiA, Joan Herrera, para valorar la situación actual, reiteró que el almacén nuclear está regulado en el convenio de Aarhus, y el proceso participativo que éste exige es "distinto de lo llevado a cabo".
Asimismo, mostró su preocupación por otros detalles asociados al ATC que consideró que no están suficientemente explicados en la convocatoria, como serían los procesos de transporte de residuos radioactivos hasta la ubicación que se decida --según los plazos previstos antes de otoño--, o las condiciones del centro de investigación en energía nuclear que llevará asociado, ya que piensa que supondrá un "riesgo añadido".
En el mismo sentido se manifestó Herrera, quien además deploró que el proceso no haya contado con la participación de las comunidades autónomas, algo a lo que se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero.
Dentro de las iniciativas que tomarán los ecosocialistas, Herrera comunicó que el diputado de la formación en el Parlamento europeo, Raül Romeva, llevará allí la supuesta "vulneración" de la normativa comunitaria, con la intención de "paralizar el proceso" y que el Gobierno "piense".
El líder de ICV dijo que la reunión con el representante de Greenpeace fue "fructífera", y que en ella se acordó la coordinación de las iniciativas, para que el trabajo de su formación política "vaya de la mano" con el de los ecologistas.
Herrera comunicó que mañana se presentará en el Congreso de los Diputados una interpelación, con la moción subsiguiente, en la que se trasladará al Gobierno de Zapatero "que paralice el proceso" porque no existe el consenso necesario, y por entender que el decreto de Industria de diciembre "cambia las reglas en mitad de la partida", al negar la participación de las comunidades.
Asimismo, pedirá información al Gobierno para que especifique las condiciones del pago de 60.000 euros diarios a Francia que debería asumirse a partir de 2011, en concepto de los residuos nucleares que custodia el país galo, procedentes de la central de Vandellòs I, en proceso de desmantelamiento, ya que se desconoce si ese dinero está actualmente "en régimen de depósito".
Bravo anunció que el próximo día 24 está prevista una reunión similar a la de hoy con el líder de ERC, Joan Puigcercós, y otra el 25 con el de CiU, Artus Mas, si bien desvinculó estos encuentros con la estrategia de los ecologistas de denunciar el proceso en los tribunales.
El Parlament de Catalunya debatirá, previsiblemente en la última sesión de control del mes de febrero, una resolución sobre la posibilidad de reiterar la negativa de Catalunya a acoger una instalación de este tipo, después del acuerdo similar que se alcanzó en marzo de 2008 con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA.
