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La organización muestra casos de mujeres que han retomado sus vidas para demostrar la importancia de la integración a todos los niveles
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Formación y Gestión de Proyecto Esperanza, Antonio Rivas, reclama a las administraciones públicas un sistema integral que de respuesta a la situación de las miles de mujeres invisibles que son explotadas sexual o laboralmente cada año en España desde una perspectiva que las sitúe como las titulares de Derechos Humanos que son, no como piezas de la investigación penal. "La trata ya está aquí, la esclavitud ya está aquí y va a ser muy caro no ponerle remedio", asegura.
En una entrevista con Europa Press, Rivas plantea que estas mujeres, víctimas de un delito violento, ni siquiera tienen un reconocimiento como tales y en la mayoría de los casos, pasan desapercibidas. Existe el estatus de víctima de violencia de género que abre la puerta al sistema de protección, pero no hay parangón cuando la víctima lo es de trata. Tampoco existe una ley específica y el Plan estatal que aglutina medidas concretas caducó en 2012.
En la actualidad, las mujeres identificadas como víctimas de trata tienen derecho a un periodo de reflexión de 30 días asistidas por personal especializado para decidir si colaboran o no en la investigación de la red que las vendió. Si lo hacen, pueden tener oportunidad de acceder a un permiso de residencia y a un sistema de protección. Si no, pueden acabar siendo expulsadas a su país de origen, donde fueron captadas, vendidas o secuestradas para acabar llegando hasta aquí.
Proyecto Esperanza plantea que el sistema está fallando a estas mujeres, pues con cifras del Defensor del Pueblo, de las en torno a 18.000 que se calcula están explotadas en España, al cabo del año se identifican menos de medio millar (354 en 2013 según el Ministerio del Interior). Mientras, la trata, uno de los tres negocios ilícitos más lucrativos del mundo, junto al tráfico de armas y de drogas, sigue empapando las distintas capas de la sociedad.
"Se las ve primero como inmigrantes irregulares y no se investiga su condición. La ley les reconoce treinta días de periodo de reflexión y existe una red de acogida, pero muchas mujeres no acceden o porque no se les ofrece o porque se hace de una forma tan torpe que no se fían. Su primera puerta es ser reconocidas, algo que apenas se cumple y cuando se cumple, el proceso penal las revictimiza", sentencia.
Explica que además perviven prejuicios "patriarcales y racistas" que invitan a la sociedad a mirar hacia otro lado. "No es tolerable vivir en una sociedad donde la esclavitud es palpable. A veces pensamos que si le ocurre a una nigeriana no es cosa nuestra, pero es que si le pasa a ella nos pasa a todos porque son Derechos Humanos", denuncia.
En este sentido, incide en que las mujeres que atiende Proyecto Esperanza son "la mejor voz de alarma" pues de 770 que han pasado por la organización "no había ni una que supiera que esto le iba a pasar". "A veces son analfabetas, a veces hablan tres idiomas, a veces son licenciadas, muchas veces son más fuertes que nosotros y les ha ocurrido porque el contexto de Derechos Humanos en el que vivimos está tan degradado que va seleccionando sus víctimas", explica.
Para Rivas, "esto le puede pasar a cualquier mujer en un contexto suficientemente degradado en Derechos Humanos" y teniendo en cuenta que estas mujeres están siendo explotadas a escasos kilómetros o incluso metros de muchas viviendas de muchos españoles, ese contexto denostado ya está llamando a la puerta entre la "invisibilidad y la impunidad". "No hay que esperar a que llame a la puerta de tu propia familia para ponerle coto. La esclavitud viola derechos que son de todos", denuncia.
INTEGRACIÓN EN DERECHOS
La organización reclama una apuesta proactiva de las administraciones públicas por la integración de estas mujeres, una integración que pasa porque no sean revictimizadas en la justicia, discriminadas en el acceso al empleo o señaladas por su origen o su color de piel. Reivindica una arquitectura jurídica y social que esté llena de contenido, que ponga a la mujer en el centro y que sea capaz de perseguir, pero también de proteger y prevenir.
En este sentido, explica que "todo el proceso penal las vuelve a victimizar". "A veces las llaman incluso después de un año y medio para que vayan a declarar en espacios que dan verdadero miedo, salas donde no se oculta su voz ni se distorsiona. Se las coloca en una situación de indefensión que provoca que algunas se arrepientan de su denuncia", señala el experto.
En el ámbito laboral, se topan con que "el trabajo ya no saca de la pobreza", y que personas que han salido de su país con una red, que han viajado durante años en las peores condiciones imaginables hasta llegar hasta aquí, cuando intentan rehacer su vida no pueden prosperar. "Antes podías empezar en hostelería o servicio doméstico e ir avanzando, formándote para prosperar profesional y vocacionalmente. Ya no hay formación gratuita, no hay recursos", denuncia.
En cuanto a la integración a nivel de ciudadanía, Rivas recuerda que estas mujeres son en muchos casos privadas de su pasaporte y documentación por las propias mafias y encuentran "enormes dificultades" en las embajadas o consulados de sus países para poder documentarse. Conforme explica, sin pasaporte no se puede acceder no ya a un permiso de residencia, "es que ni sacarse el abono transportes". Tampoco tienen acceso a la sanidad, porque se encuentran en situación irregular.
A nivel cultural, afrontan además un racismo y una xenofobias intrincados aún en la población. "Son mujeres que vienen con sus equipajes culturales y que parece que tienen que dejarlos a un lado porque no se pone en valor. También nos hemos llegado a encontrar empleadores que directamente nos dicen que una mujer es quizá demasiado 'morenita'", plantea.
UN CUERPO TAN GRANDE COMO EL DELITO
La respuesta, en su opinión, empieza por hacer pedagogía porque falta "una mirada sensible" en todos los ámbitos, desde el policial y judicial hasta en la propia sociedad. "Pensamos que la esclavitud tiene que ver con africanos en un campo de algodón y no, tiene que ver con teléfonos móviles, con redes, con saunas, con anuncios. Tomado pieza a pieza no parece nada, hay que afrontarlo como el sistema que es y para desmontarlo, necesitamos un conjunto igual de grande", afirma.
Una ley integral de trata abriría el camino, aglutinaría tanto los derechos y la protección de estas mujeres como las medidas para prevenir la trata y perseguir a los delincuentes, incluyendo las directivas europeas sobre ambas esferas, las iniciativas de los planes estatales "dando coherencia" a todo el sistema. Debería incorporar, a su juicio, el papel de las ONG para la detección de los casos y la asistencia.
Para Proyecto Esperanza, con voluntad, se puede. La organización ha lanzado un vídeo que en algo más de ocho minutos expone el testimonio vital de mujeres que han retomado sus vidas en compañía de la organización. Rivas dice que "no son casos de éxito, sino casos de sentido".
"Cada mujer recupera su proyecto personal en dimensiones muy particulares. Mujeres que han estado acompañadas y con un equipo multidisciplinar que haciendo funcionar la ley, consiguen que completen su historia y sean ciudadanas. Es extrapolable, simplemente conseguimos que en casos determinados se aplique la ley por un equipo preparado que pone a la mujer en el centro", explica.
