Actualizado 30/01/2010 13:44

ATC.- Ecologistas en Acción califica de "circo antidemocrático" el proceso para ubicar el almacén nuclear

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ecologistas en Acción calificó hoy de "circo antidemocrático" el proceso de presentación de las candidaturas, que finalizó este viernes, para albergar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) de residuos nucleares por parte de los ayuntamientos de una docena de pueblos, tras un periodo de "negociaciones ocultas en el que se ha hurtado el debate a la población"

"Todos los candidatos para acoger el almacén, donde se instalarán todos los residuos de alta actividad procedentes de las centrales nucleares españolas, han aparecido en la última fase del proceso, evitando así que los vecinos pudieran siquiera emitir sus opiniones", denunció esta organización en un comunicado.

Además, criticó que entre los alcaldes de los municipios candidatos, algunos "están en nómina de la industria nuclear" e, incluso, "imputados por delitos urbanísticos". En este sentido, acusó a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa), de "tentar a los alcaldes con los millones de euros que lloverán sobre sus pueblos, como en una nueva edición de 'Bienvenido Mister Marshall', sin explicarles los riesgos que estaban asumiendo y, desde luego, sin alentar dar información alguna a los ciudadanos".

Para Ecologistas en Acción el resultado final es que hay dos municipios en zonas nucleares, Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona), que según el propio Decreto Ley tendrán prioridad para acoger el cementerio nuclear. Esta prioridad procede, a su juicio, de las negociaciones de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) con el Gobierno y ambos alcaldes "están en nómina de la industria nuclear". Además, indica que el alcalde de Zarra (Valencia) está imputado por delitos urbanísticos.

A estos tres municipios, los ecologistas recuerdan que hay que sumar otros ocho distribuidos entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura que corresponden a municipios "deprimidos", con muy poca población, y cuyos alcaldes se han ofrecido "sin conocer los inconvenientes de la instalación y sin contar con la opinión de la ciudadanía".