Actualizado 13/07/2012 21:03

La Audiencia Nacional acuerda el fin de la intervención judicial de Intervida

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha acordado "el término de la medida de intervención judicial" de las entidades que componen el Grupo Intervida, después de que en marzo decretase el sobreseimiento del caso al considerar que no engañaron con el sistema de apadrinamiento y que la entidad cumplía su función social.

Ahora, en un auto fechado este jueves al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de Madrid, Pablo Rafael Ruz, ha acordado el fin de la intervención tras tomar en consideración un escrito de la Fiscalía que lo pide "por razones de seguridad jurídica".

En marzo, el juez, pese a sobreseer el caso, mantuvo las medidas cautelares acordadas de acuerdo con una petición de la Fiscalía, en particular la intervención judicial de las entidades que componen el Grupo Intervida, "en tanto el Juzgado de Instrucción de Barcelona no se pronuncie acerca de la continuidad o levantamiento de las mismas".

Pero ahora, Rafael Ruz cree que esta justificación ya ha perdido la razón de ser que tuvo en su momento y que "la situación procesal no puede prolongarse de manera indefinida en el tiempo".

Precisamente, este miércoles se han cumplido cinco años desde que Intervida fue intervenida por orden judicial y sus fundadores, ya absueltos, acusados de malversar fondos de esta entidad que llegó a ser la primera de España y que ha perdido en este tiempo más de 200.000 abonados.

El caso se remonta al año 2007, cuando el Ministerio Fiscal se querelló contra los fundadores de Intervida, Eduardo Castellón y Rafael Puertas, y el resto de miembros de la directiva de entonces, Francisca Ángeles Ruiz, Francesc Violan, Daniel Fontanillas y Braulio Alberto Gómez.

El 11 de julio de aquel año, el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ordenó intervenir la entidad y ponerla a cargo de tres administradores judiciales por un plazo de cinco años; poco después este juzgado se inhibió y el caso recayó en la Audiencia Nacional y, en concreto, en el magistrado Baltasar Garzón.