MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas Española constatan el "fracaso" del actual modelo de vivienda y proponen que se regule como un derecho, en su estudio 'La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda'.
Concretamente, los autores del informe proponen que todas las ayudas en materia de vivienda se concentren en: el alquiler social, la rehabilitación integrada, la intervención pública, la diversificación del modelo de acceso y la regulación del derecho a la vivienda.
Para avanzar hacia una nueva política de vivienda, apuestan por el desarrollo del mandato constitucional para que los poderes públicos garanticen el acceso, sostén y garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental y por el desarrollo del patrimonio público de suelo cumpliendo con la legislación vigente.
Asimismo, sugieren que la totalidad de las ayudas a promotores y familias se concentren en la Vivienda de Protección Oficial (VPO) en alquiler y en el fomento del alquiler de vivienda en general y que se desarrolle la vivienda pública en alquiler nueva y rehabilitada de promoción directa. Para lograr este objetivo, según precisan, los Planes de Vivienda deben incluir medidas de fomento --financiación, suelo, fiscalidad-- excluyendo cualquier ayuda la compra de cualquier tipología de vivienda.
También proponen ayudas a la inversión en la ciudad consolidada frente a la producción de nueva vivienda y al fomento de actuaciones de rehabilitación integrada de barrios mediante intervenciones en colaboración con otros sectores sociales --empleo, formación--. Además, apuntan al fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas al alquiler y la rehabilitación, con la participación de las agencias regionales.
Otro punto que proponen los autores es la inversión en gestión integrada de vivienda y condiciones de vida, a través del desarrollo de agencias públicas de intervención en alquiler de vivienda y rehabilitación integrada de conjuntos urbanos degradados, así como la creación de un sistema de información residencial que produzca información fiable, independiente y actualizada.
Finalmente, apuestan por la reformulación de los actuales Planes Cuatrienales de Vivienda en función de objetivos globales de política de vivienda --alquiler, social, rehabilitación integrada y promoción pública de vivienda en alquiler-- y por el desarrollo de estrategias de planeamiento urbanístico y residencial de carácter supramunicipal y suprarregional, con sistemas de control y participación y decisión públicas, que sirvan para luchar contra la corrupción urbanística e inmobiliaria.
LA VIVIENDA: "FACTOR DE INCLUSIÓN DE PRIMER ORDEN"
En la presentación del estudio ha intervenido la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha asegurado que su oficina lucha para paliar los efectos adversos de los lanzamientos hipotecarios o desahucios y para hacer posible que este sea siempre "el último, último, último recurso, en casos extremos, como respuesta a una situación de impago o endeudamiento".
Por su parte, los autores del estudio José León y Víctor Renes han explicado que la clave de análisis del modelo residencial parte de considerar la vivienda como "un bien para la satisfacción de una necesidad y no como sucede en España, como un objeto de inversión para el beneficio". La vivienda, según destacan Cáritas y Foessa en el informe es "un factor social de inclusión de primer orden".
En este sentido, el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, se ha referido al impulso dado por Cáritas en los últimos cinco años para garantizar el derecho a la vivienda como auténtico espacio de "socialización y de fraternidad".
