MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado al Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad un informe donde contribuye a analizar el estado de aplicación y respeto de los derechos y principios incluidos en la Convención de la ONU, en relación a la violencia ejercida contra mujeres y niñas con discapacidad en España.
De cara al Debate general sobre mujeres y niñas con discapacidad, que se celebrará en Ginebra el próximo miércoles 17 de abril, este informe pretende "ofrecer información para ayudar a una mejor implementación de la Convención y al respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las niñas y mujeres con discapacidad", según ha explicado la organización.
El texto señala que el 60 por ciento de las personas con discapacidad son mujeres --según datos aportados por la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia de 2008--. Asimismo, determina que se produce un alto grado de discriminación múltiple por analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral, mayor aislamiento social, más baja autoestima o mayor dependencia económica respecto de la familia.
También expone su mayor dependencia socio-afectiva y emocional, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección socio-sanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal. "Ésto se traduce en la existencia de un alto índice de violencia a este grupo poblacional", según sentencia el informe.
Con respecto a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, entre otros datos, el informe del CERMI destaca la ausencia de información sobre el número de mujeres y niñas con discapacidad que sufren malos tratos físicos y psicológicos, aunque advierte de que las entidades de la discapacidad saben que "son muchas", ya que "la discapacidad, sea cual sea, agrava la situación".
Así, denuncia que, igual que ocurre en otros países, "la discapacidad no se ha ligado al concepto de violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal ni por parte de las instituciones públicas ni por el de las académicas".
Entre estas denuncias del CERMI, también se reflejaba la despenalización de la esterilización forzosa para personas con discapacidad por parte del Código Penal. Sin embargo, apunta a que el pasado mes de septiembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, reconduciendo a la vía civil este tratamiento.
Por último, informa de que sobre el resto de las cuestiones que recomienda el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para España en esta materia, "no se ha encontrado ninguna medida que haya sido tomada y que pueda considerarse como un avance en la situación".
