MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha incluido en su plan de lucha contra la morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos una partida de 687 millones de euros para que salden las deudas contraídas con ONG y entidades sociales, muchas de las cuales tienen sus proyectos "estancados por problemas de tesorería".
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta es una de las medidas más novedosas de este nuevo plan de lucha contra la morosidad, ya que frente a los anteriores, permite incluye en las "categorías de pagos pendientes" tanto al tercer sector como a las universidades y los parques tecnológicos.
"Estoy hablando de entidades que apoyan sectores tan importantes como la Dependencia, la Tercera Edad, la Discapacidad o la infancia, y lo que permite es que puedan utilizar esta liquidez que da el decreto ley para poder apoyar a este Tercer Sector que tiene todavía deudas pendientes de las administraciones", ha señalado.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, principal promotor de esta iniciativa, ha concretado que el dinero se repartirá dando prioridad a las organizaciones especializadas en familia e infancia, mayores, discapacidad y dependencia, que deberán acreditar la deuda pendiente al solicitar la ayuda.
Sí ha señalado que los fondos, articulados en forma de "Plan Social de Apoyo a ONG", servirán para que las entidades cubran las deudas que a su vez hayan contraído por los impagos de las administraciones autonómicas y locales, al tiempo que reactivarán el Tercer Sector en España, posibilitando que "miles de trabajadores podrán cobrar sus nóminas".
Además, la ministra Ana Mato espera que sirva para "paliar situaciones de riesgo de exclusión social", dado que esta inyección de liquidez se suma a los 211 millones de euros donados por los ciudadanos que el año pasado marcaron la casilla de fines sociales en la declaración de la renta, un dinero que su departamento reparte este año entre organizaciones sociales de ámbito estatal.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara, ha señalado que las administraciones Públicas deben a las entidades sociales en torno a 400 millones de euros, aunque han llegado a acumularse impagos por encima de los 500 millones que se han ido paliando en los últimos dos años con el Fondo de Liquidez Autonómica.
Lara ha recordado que estas deudas están ahogando las cuentas de las más pequeñas pero también poniendo en jaque a algunas de las grandes. Este es el caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que si no cobra el más de un millón y medio que se le adeuda, echará el cierre después de verano, conforme vienen advirtiendo desde la entidad.
Según ha afirmado, "es posible que esta cantidad sea suficiente" para que los ayuntamientos salden sus deudas con el Tercer Sector contraídas en 2012 o antes y se dinamicen los pagos del año en curso. Además, ha recordado que las entidades sociales tienen "el compromiso del ministro de que las deudas derivadas de los servicios sociales se pagarán en primer lugar" y espera que así sea.
