MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones de conservación marina Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF han reclamado a los demás países que promulguen leyes similares a la nueva Ley de Pesca de España para cumplir el Reglamento de la Unión Europea y castigar a los infractores de todos los Estados miembros.
En un comunicado conjunto, han aplaudido la nueva ley española porque impone sanciones más severas a los ciudadanos españoles involucrados en actividades de pesca ilegal en cualquier lugar del mundo. Las organizaciones hacen un llamamiento al resto de Estados miembros para que aprueben leyes similares que permitan combatir eficazmente la pesca ilegal en todo el mundo.
En concreto, consideran que la normativa es la traducción a la legislación española de la normativa de la UE en materia de lucha contra pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR, o IUU en sus siglas en inglés), que exige a todos los Estados miembros de la UE que tomen medidas contra los ciudadanos y las empresas para quienes se haya constatado la participación en algún tipo de actividad de pesca INDNR en cualquier lugar del mundo.
Para la directora de campañas de Oceana, María José Cornax, la falta de voluntad de los Estados miembros para promulgar leyes dirigidas a aquellos que se están enriqueciendo con la pesca ilegal ha constituido un "grave obstáculo" para la eficacia de la UE a la hora de abordar este problema.
"El hecho de que España, la principal potencia pesquera de Europa, haya decidido tomar medidas contra reconocidos piratas internacionales que hasta la fecha han estado operando con impunidad constituye una señal importante que pedimos que imiten los demás Estados miembros de la UE", ha manifestado.
CASO DE NUEVA ZELANDA
En este contexto, se han referido también al caso de los buques que están siendo actualmente investigados por Nueva Zelanda por presunta pesca pirata en el Océano Antártico y consideran que podría constituir una ocasión muy oportuna para beneficiarse del ámbito de aplicación de esta nueva ley.
Los buques investigados enarbolan el pabellón de Guinea Ecuatorial, pero se sospecha que están económicamente vinculados a una empresa española.
A solicitud de Nueva Zelanda, INTERPOL ha emitido Notificaciones Púrpura3 para recopilar información sobre los individuos y las redes que se encuentran detrás de esos buques. Dos de los buques han sido relacionados en el pasado con el grupo español Vidal Armadores S.A., una empresa familiar con sede en el noroeste de España que está presuntamente vinculada con más de 40 presuntos casos de pesca ilegal.
Las disposiciones contempladas en la nueva ley proporcionan a las autoridades españolas la oportunidad de tomar medidas contra esta empresa si la relación puede demostrarse.
En este sentido, destacan que precisamente la nueva ley introduce disposiciones que permiten que el Gobierno español actúe contra ciudadanos españoles que se benefician económicamente de operar ilegalmente, como por ejemplo ciudadanos o empresas españolas que se lucran con las actividades de pesca ilegal de buques que operan bajo cualquier pabellón, incluyendo pabellones de conveniencia, y buques propiedad de empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales u operados por esas mismas empresas fantasma.
Así, el director ejecutivo de EJF, Steve Trent, ha celebrado que la introducción de esta ley "refuerza" el compromiso de España para con la lucha contra la pesca ilegal y contra aquellos ciudadanos que se benefician de ella. "Todos los Estados miembros de la UE deberían seguir el ejemplo de España y aplicar con efectividad este elemento clave del Reglamento INDNR de la UE", ha sentenciado.
España, la principal potencia pesquera de Europa y el mayor importador y exportador de productos de la pesca de la UE, ha sido el primer Estado miembro en tomar medidas contra la pesca pirata. España representa ella sola el 20 por ciento de la capacidad pesquera de Europa y cuenta con el mayor número de personas empleadas en el sector pesquero.
El Reglamento INDNR de la UE4, que entró en vigor en 2010, pretende impedir el acceso del pescado capturado ilegalmente al mercado de la UE exigiendo "certificados de captura" para las importaciones y las exportaciones de productos de la pesca. Esta normativa también prohíbe la importación de pescado procedente de Estados y buques pesqueros de los que se conoce que están involucrados en actividades de pesca INDNR. El reglamento y el modo en el que la UE lo ejecuta son únicos en el mundo. Antes de su entrada en vigor, se calcula que el valor del pescado capturado ilegalmente que se importaba a la UE ascendía a alrededor de 1.100 millones de euros.
