Acusa a algunas regiones de beneficiarse de una "doble financiación" ante la falta de un "protocolo homogéneo"
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) denunció hoy que la red de servicios que ofrece el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) es "escasa" debido a que cuenta con una financiación "insuficiente" y con unos datos oficiales "opacos" que no permiten distinguir el tipo de discapacidad o las cifras de personas dependientes entre la tercera edad.
En declaraciones a Europa Press, el comisionado del comité para la Autonomía Personal, Paulino Azúa, aseguró que esa parte de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia "está sin desarrollar". No obstante, valoró positivamente el grado de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas algo que, a su juicio, "no pasaba antes". "Por primera vez el sistema reconoce los derechos de este colectivo", afirmó.
Así, en un informe elaborado de cara a la evaluación, en 2010, de la aplicación de la legislación, el comité denuncia que las comunidades están "vaciando de recursos al Sistema de Servicios Sociales para atender las situaciones de dependencia" de forma que las personas con discapacidad están perdiendo "sustantividad y peso propio, diluídas en un grupo de nueva configuración un tanto forzado".
Es por ello que considera imprescindible "definir, desarrollar y aplicar" en todas las comunidades autónomas un protocolo "homogéneo" de promoción de los derechos y atención a las personas con discapacidad "que asegure la continuidad y coordinación entre los sistemas implicados".
Asimismo, el documento analiza y critica otros puntos de la aplicación de la ley que, en su opinión, debieran mejorar. Para empezar, señala que "la realidad de la crisis actual ha superado las previsiones de la Memoria Económica, evidenciando la falta de realismo de esta" y denuncia la "falta de desarrollo" modelos sociosanitarios y la "ausencia de una coordinación efectiva y personalizada entre administraciones".
En este sentido, el CERMI incide en las diferencias en la aplicación de la Ley en función de las distintas comunidades autónomas por falta de un "protocolo homogéneos o asimilable" en todo el territorio nacional. "La defensa de las competencias autonómicas no puede justificar un trato diferenciado del ciudadano, y menos aún cuando hablamos del reconocimiento de un derecho personal, igual y universal generado por una Ley común a todo el territorio nacional", aseguró el Comité.
PLAZOS "INTOLERABLES"
Sobre este asunto, la organización pone el acento en la doble articulación del proceso para acceder a las prestaciones o servicios de la Ley y que conlleva dos decisiones administrativas, el reconocimiento y valoración, por un lado, y el Programa Individualizado de Atención (PIA), por otro, lo que "repercute en un alargamiento de los plazos establecidos en las propias previsiones de las normas autonómicas, que en la casi totalidad de territorios además, se incumplen".
"La experiencia práctica evidencia que las personas en situación de dependencia y sus familias sufren plazos intolerables e inasumibles, y que no son conciliables con la situación de necesidad que genera su propia situación de dependencia", según el CERMI, que plantea la creación de un procedimiento único para garantizar que entre el momento de presentación de la solicitud y la determinación del PIA no pasen más de seis meses.
En cuanto a las prestaciones y servicios, el Comité considera que "se está evidenciando que el catálogo de servicios es escaso y centrado en los aspectos más asistencialistas" mientras que las prestaciones, concebidas para casos excepcionales, "constituyen la mayoritariamente reconocida" porque suponen "el 51 por ciento de todas las prestaciones y servicios concedidos por el Sistema".
"DOBLE FINANCIACIÓN" Y "BOICOT" A LOS DERECHOS
Por otra parte, el CERMI advierte "irregularidades" en el sistema de información estadística pues, según señala, "parte de los datos de concesión de plazas de servicios a dependientes facilitados por las comunidades autónomas no corresponden a plazas de nueva creación sino a personas que ya gozaban de un servicio de atención en la red de Servicios Sociales de su región".
Sin embargo, éste carece, según el CERMI de un mecanismo eficaz para denunciar esta situación ya que las disposiciones autonómicas remiten al ciudadano a la vía contencioso administrativa, lo que supone alargar los plazos de espera para "ver satisfecho su derecho" hasta en cinco años, "aparte de encarecer cualquier actuación".
El tener que recurrir a la justicia "en la práctica convierte esta situación en una suerte de efectivo 'boicot' al ejercicio de estos derechos" por lo que el CERMI propone la creación de una "oficina de información y gestión de reclamaciones, que fuera más accesible y próxima a los ciudadanos, los cuales todavía perciben a los tribunales como algo lejano, lento y caro".
