MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las principales organizaciones ambientales, que forman el grupo conocido como G-5, han trasladado este lunes a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, su preocupación acerca de que la nueva Ley de Montes no obligue a realizar un plan de gestión de los mismos.
Durante uno de los encuentros periódicos que celebra la ministra con los responsables de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, los responsables de las ONG han trasladado a García Tejerina, entre otros temas, sus dudas ante esta normativa, cuya reforma fue aprobada el 9 de enero por el Consejo de Ministros.
Así, han denunciado que desaparezca la obligatoriedad de hacer planes de gestión de montes, algo que, según ha explicado a Europa Press, el director ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, es "imprescindible para su mantenimiento". En este sentido, ha apuntado que, sin un plan de gestión, "los montes están abocados al abandono".
También en relación a esta normativa, ministerio y ONG han hablado sobre la decisión de limitar a los agentes forestales su posición como policías judiciales. Para los ecologistas esto supone una "grave desprotección", mientras que el Ejecutivo ha defendido que esta ley sólo reproduce lo que ya aparece en la ley de enjuiciamiento criminal.
Del Olmo ha indicado que "con la biodiversidad que existe en España, y valorando la actividad del SEPRONA, es bienvenido todo lo que sea complementar su labor con más gente con capacidad de policía judicial".
Durante la reunión se ha tratado también el aumento de las zonas protegidas de las prospecciones de Repsol en la zona de Lanzarote y Fuerteventura. Allí, según los datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra el lugar con más abundancia de cetáceos. De ahí que las ONG pidan que se amplíe, con el fin de que ese santuario de ballenas se pueda mantener con tranquilidad.
Otros de los temas que se hablaron son los pozos ilegales que no dejan de crecer en Doñana, y el proyecto de un polígono industrial en Cádiz, cerca de una zona de marismas y que ya había sido rechazado anteriormente por el Supremo, tras una denuncia de ecologistas.
