Deploran el silencio de la Generalitat ante sus reclamaciones
BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y la Aliança Contra la Pobresa Energètica han urgido este viernes a la Generalitat a definir el perfil de las familias afectadas por la pobreza energética, determinar los mínimos vitales de proveimiento energético y establecer mecanismos de sostenibilidad, entre otras reivindicaciones.
En rueda de prensa, las entidades han avanzado que este lunes presentarán un conjunto de medidas para que el Govern las incluya en el decreto ley 6/2013 contra la pobreza energética que se aprobará previsiblemente el martes, un documento cuyo contenido conocerán el mismo lunes, pese a haber reclamado reiteradamente el borrador.
Las organizaciones han alertado de que el momento es "clave" para conseguir garantizar los suministros básicos --agua, electricidad y gas--, puesto que 300.000 familias catalanas no pueden mantener la temperatura de su vivienda en condiciones adecuadas y 34.000 familias no disponen de ningún tipo de ingreso y tienen hijos o dependientes a cargo, una situación que se agravará con la llegada del invierno.
Así lo ha explicado la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Àngel Guiteras, quien ha exigido que se cumpla el mandato del pleno de la pobreza de marzo del Parlament: "Es muy importante que se llegue a grandes acuerdos posibles en los que ganen todos y no sólo unos", ha dicho sobre los beneficios de las suministradoras que contrastan con la pobreza de muchas familias.
Por ello, ha reclamado que se condone la deuda acumulada a las personas que no la puedan asumir, lo que considera una "obligación de primer orden" para las empresas, puesto que es perfectamente asumible para éstas, si bien falta voluntad política para que sea posible.
ACTUALIZACIÓN DEL IPC
Según ha detallado la representante en la Mesa para el Plan de Pobreza Energética, Núria Salas, en la reunión también pedirán que se tenga en cuenta la actualización del IPC entre 2010 y 2014 --es del 8,5% según el número de personas de la unidad familiar--, además del criterio de ingresos por unidad familiar igual o inferior al 1,5 del indicador de renta de suficiencia (IRSC).
Las entidades han determinado que no se pueda cortar el suministro en hogares con una o más personas que sean "dependientes energética" por su salud o situación personal, como las que necesitan máquinas asistidas para vivir.
También han propuesto que los servicios sociales puedan determinar casos excluidos de la IRSC pero que estén justificado por su situación personal familiar y personal, como hogares con niños de menos de tres años, monoparentales, y con miembros discapacitados.
Reclamarán que se garantice el derecho de suministros básicos de las personas vulnerables por un mínimo de 100 litros por persona y día en el caso del agua, y 2.000 kWh anuales en el caso de la energía, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la calidad de la vivienda.
Además, exigirán que no se produzca ningún corte de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que las empresas deberán comunicar la situación de impago a los servicios sociales para iniciar un "protocolo de evaluación" de la situación en cada vivienda.
Por último, han propuesto que las personas afectadas hagan cursos de formación y capacitación en eficiencia energética con el fin de "reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia del hogar".
MEDIDAS "INSUFICIENTES"
El portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Eloi Badia, ha tachado de "ineficaz e insuficiente" el decreto que se aprobó en noviembre de 2013, puesto que sólo pocos centenares de personas se pudieron beneficiar de la moratoria de pago que preveía porque las compañías no informaron a los afectados.
Además, ha criticado que el Govern aún no haya publicado el informe que debía evaluar la medidas que se aprobaron en el pleno de la pobreza de marzo: simplificar trámites, alargar la moratoria a todo el año, ayudas económicas para pagar la deuda, y establecer un umbral del 1,5% del IRSC.
"Todo el trabajo hecho parece que vuelva atrás. No lo queremos aceptar", ha incidido Badia, quien ha criticado que hay un desconocimiento absoluto sobre los cortes de suministro que se están produciendo y ha añadido que los servicios sociales actúan una vez ya se han llevado a cabo.
El presidenta de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, ha criticado la "inacción" del Govern sobre este tema y ha calificado la actuación de la administración de sorda y ciega.
