MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Proyecto Esperanza ha advertido de que a España se la acaba el plazo este sábado para poder trasponer la Directiva Europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas (2011/36/EU) que adopta un enfoque integrado y global, basado en los derechos humanos.
El Proyecto Esperanza y la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) consideran que la adopción de una Ley Integral contra la Trata es la mejor vía para trasponer la Directiva de forma coherente, y para garantizar la obligación que tiene el Estado de prevenir el delito, proteger a las víctimas y favorecer su restablecimiento y recuperación, así como la reparación del daño que han sufrido y garantizar su compensación.
La coordinadora de Proyecto Esperanza Adoratrices, Marta González, ha señalado que "la aprobación de una ley integral permitiría combatir este delito y proteger a las víctimas con mucha más eficacia", ya que "reforzaría los criterios, la coordinación y la homogeneidad en la actuación en todo el territorio".
Según la organización, la adopción de una Ley Integral lograría definir "de forma clara y trasparente" los criterios por los cuales una víctima de la trata puede llegar a obtener un permiso de residencia y trabajo. "La indefinición de estos conceptos conlleva incertidumbre para las víctimas y arbitrariedad en la actuación de la administración", ha apostillado.
Asimismio, explica que ayudaría a "garantizar que se reconozca un papel formal a las organizaciones especializadas en la asistencia y apoyo a las víctimas, tanto en lo relativo a la identificación y la asistencia de casos, como en la evaluación y seguimiento de los instrumentos y mecanismos de lucha contra la trata".
Por último, reclaman que se cree un Estatuto de Víctima de Trata que garantice el acceso efectivo a derechos desde los siguientes parámetros: la garantía de que la víctima, sus derechos y sus necesidades están en el centro de toda actuación; asistencia social integral a todas las personas que han sufrido el delito; acceso efectivo a un estatus legal a aquellas víctimas que están en situación irregular; facilitar la reagrupación familiar; y garantizar el derecho a indemnización efectiva de las víctimas de este delito a través de un fondo estatal.
