Denuncian que la reducción de fondos por la crisis está provocando un "deterioro importante" de los sistemas de protección
SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas; y el magistrado del Juzgado de Menores de Ávila, Luis Carlos Nieto, han criticado que las autoridades estén apostando por el "estado de excepción" en detrimento del estado de derecho en el trato a los inmigrantes, especialmente a los menores, ante la crisis económica.
Indicios de esta tendencia se encuentran, según han señalado, en la expulsión de gitanos en Francia, la legislación italiana, la Directiva Europea de Retorno, las repatriaciones de menores a centros en terceros países o, en España, la ampliación de los plazos de internamiento en los lugares de acogida a menores de edad.
El magistrado Luis Carlos Nieto ha recordado que en la atención a menores extranjeros es "básico" que prime su condición de menores frente a la de inmigrantes, como forma de garantizar sus derechos, tal y como reconoce la legislación.
Lo contrario es, según ha apuntado el catedrático Javier de Lucas, la excepción, y "si se opta por la excepción no se sabe a dónde va el estado de derecho".
"Es lo que está pasando en Francia", ha aseverado, al recordar que en el país galo se ha expulsado a 300 ciudadanos gitanos con el argumento de que pertenecen a un "grupo" que "practica la ilegalidad", "como si fuera una característica del grupo".
Esta "externalización" basada en el "desprecio" también se practica en Italia, y la promueve la Directiva Europea de 2008, conocida como la Directiva de Retorno, en la que se permiten la expulsión de inmigrantes a centros en terceros países.
De momento, los jueces no han tenido que afrontar la aplicación de
esta "infamia", ya que requiere de forma previa una transposición, es
decir, que se traslade a la legislación nacional.
Pero el magistrado del Juzgado de Menores de Ávila ha advertido de que hay que estar pendiente de su "contenido", ya que estas normas "marcan tendencias", y se detecta el fenómeno de que los países de la UE que quieren desarrollar este tipo de políticas pero "no se atreven", lo acaban haciendo argumentando que es una imposición europea, algo que Nieto ha tachado de una "trampa" con la que "no se juega limpio".
DETERIORO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
Este juez también ha alertado de que, ante la crisis económica, se está produciendo una reducción de fondos con la que se corre el riesgo de un "deterioro importante del sistema de protección", paralela a la que sufre en general, a su juicio, el estado social.
Según ha descrito, se están reduciendo los fondos destinados a los centros de menores o a la integración de menores en colegios o en sanidad, cuando en realidad ésta sería una "inversión interesante" para el conjunto de la población.
Al respecto, Lucas ha criticado los argumentos de que ante la crisis no se deben priorizar estas inversiones porque perjudica los servicios que recibe la población nacional, cuando, según ha señalado, la reducción de fondos irá "en detrimento de todos".
Finalmente, el magistrado Luis Carlos Nieto ha criticado que la respuesta legal a los delitos cometidos por menores se centre en el debate sobre la reducción de la edad penal o el lugar donde cumplan las penas, es decir, en cuestiones "punitivas" que no tienen efecto sobre lo que se pretende evitar.
Tal y como ha señalado, existen otros factores que causan la delincuencia juvenil y que no tienen que ver con la dureza de las penas. Son el fracaso escolar o la violencia doméstica, entre otros motivos "perfectamente estudiados".
Ambos participan en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en el seminario '25 años de leyes de extranjería (1985-2010). Aprender para el futuro'.
