MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha traspasado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia presentada contra los antiguos gestores de la Fundación Intervida que instruye el juez central Baltasar Garzón, informaron hoy fuentes fiscales.
La Fiscalía ha tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión el hecho de que fue la fiscal especializada en este área la encargada de llevar el caso mientras permaneció en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona.
La denuncia contra la Fundación Intervida recayó el pasado mes de agosto en el Juzgado Central número 5, del que es titular Garzón, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, encargada de la denuncia, se inhibiera del caso en favor de la Audiencia Nacional.
Los motivos alegados por la magistrada se basaban en la necesidad de evitar dilaciones injustificadas dada la complejidad de la investigación y el hecho de que las personas afectadas estén repartidas por toda España.
NINGÚN CONTROL DEL DINERO
En su auto, la jueza recogía parte de la denuncia presentada por la fiscal en la que alertaba de que, durante la etapa en que los directivos acusados gestionaron la Fundación, no existía "ningún seguimiento ni control" destinado a comprobar que el dinero se dedicaba "realmente" a mejorar las condiciones de vida "del sector de la población más necesitado, como se indica en las campañas publicitarias".
El escrito de la fiscal aseveraba que "hasta el momento la única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Intervida es la de captar dinero de sus padrinos", que han visto incumplidos sus objetivos.
La magistrada, haciéndose eco del escrito de la fiscal, señalaba que el objetivo de los ex directivos contra los que se ha presentado la querella era el de obtener grandes cantidades de dinero a través de un complejo entramado de fundaciones y sociedades en España, Perú y Guatemala "para destinarlo al mundo empresarial, y más concretamente, a los sectores de la construcción, inmobiliario y bancario" .
Del mismo modo, anunciaba que parte de los fondos se habían destinado a "la sangrante creación de colegios de élite y no precisamente para menores desfavorecidos en Guatemala, Las Lagunas, San Mateo y en Perú".
El pasado 11 de julio la jueza ordenó el registro de las cinco sedes de la Fundación Intervida en Barcelona y designó a tres administradores judiciales para que gestionaran la ONG. A su vez, ordenó intervenir el grupo y suspender temporalmente a toda la directiva.
La jueza tomó estas determinaciones una vez se admitió a trámite la querella que el Ministerio Fiscal presentó contra esta ONG por los presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, estafa y asociación ilícita.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
El pasado 28 de junio la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona anunció su intención de presentar ante los Juzgados de Instrucción de la citada ciudad una querella contra los antiguos gestores de la Fundación Intervida por la supuesta desviación de millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas e instituciones privadas, después de que la Fiscalía General del Estado le diera el visto bueno al borrador de querella enviado para su visado 15 días antes.
La investigación, que se hizo pública a principios del pasado mes de abril, comenzó hace cuatro años. Según los datos recabados, durante los ejercicios de 1999 a 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento", más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecidos Lácteos. Los directivos de estas empresas eran, a la vez, directivos de Intervida.
Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas. No obstante, debe registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat.
No obstante, estas empresas y su actividad no aparecían en esos balances contables en los que sólo se indicaba que el 94 por ciento de las aportaciones de los "padrinos" se dirigían a programas de atención a la infancia, sin mayores especificaciones.
