MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización Greenpeace ha exigido una mayor voluntad política para implantar de forma decidida la nueva Política Pesquera Común (PPC) y ha denunciado que, en esta materia, España está a la cola.
La organización ha analizado el grado de implantación de la PPC, que se aprobó hace un año, y avisa de la "mala aplicación" que se está haciendo. En este sentido, la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Celia Ojeda, ha denunciado la "falta de acción" sobre el desarrollo y la aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos a la hora de dar las cuotas de pesca.
"La mayoría de los países europeos todavía no ha cambiado su sistema de asignación de cuotas que debería dar acceso preferente a los pescadores que utilizan métodos de pesca de bajo impacto y contribuyen más a las economías locales", ha añadido.
En su análisis, la ONG expone que un año y medio después de la aprobación de la Regulación Europea para la Pesca, la "muy deficiente" implantación" demuestra la "escasa voluntad política para luchar contra la destrucción de los océanos".
La normativa adoptada en diciembre de 2013 se veía como una opción al cambio en la gestión pesquera anterior, pero según Greenpeace "ha derivado en una sobreexplotación de los recursos pesqueros", en impactos ambientales significativos, en una capacidad de pesca "excesiva" y, por tanto, "en un bajo rendimiento económico del sector". La normativa debía cumplirse desde enero de 2014.
Ojeda ha insistido en que un año después, pese a que se trata de una regulación que puede hacer la pesca y los océanos más sostenibles, "está fallando" porque su éxito depende de la voluntad política de los gobiernos para aplicar estas normas y, de momento, asegura que "esta es inexistente".
ESPAÑA, UN MAL EJEMPLO
En su análisis, señala que España tiene una implantación "deficiente" a la hora de establecer las cuotas y el acceso a las oportunidades de pesca. En 2015, el Gobierno se ha excedido en 14.692 toneladas, dando cuotas por encima de los niveles científicos recomendados, es decir, el 6% de la cuota global de España, alimentando la sobrepesca de poblaciones de aguas profundas por 1.405 toneladas y otras poblaciones del Atlántico por 13.287 toneladas.
Ojeda explica también que España "no ha utilizado los criterios sociales, económicos o ambientales" en el caso de las cuotas para el Atlántico y en el Mediterráneo donde no hay cuotas España debería revisar la gestión del esfuerzo pesquero.
El informe sobre capacidad pesquera presentado por España no es público, lo que para la ONG evidencia la "falta de transparencia" y de un plan para eliminar la sobrepesca. Sin embargo, la evaluación del Comité de expertos de la Comisión Europea considera que la calidad y la estructura del informe de España es buena. En este sentido, la ONG señala que solo ha recibido un acceso parcial al informe y, por tanto, no puede juzgar su calidad.
Mientras, el resto de países de la UE también suspenden en la aplicación del nuevo modelo de asignación de cuotas: "todos menos Reino Unido", que ha creado una base de datos pública. Por su parte, Dinamarca, Holanda y Eslovenia están a la cabeza de la evaluación de la sobrecapacidad pesquera.
