La organización ecologista considera que esta sentencia "pone en evidencia las numerosas contradicciones y la poca credibilidad" de la central
MÉRIDA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace mostró su satisfacción por la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en la que establece la "libre absolución" de los 18 activistas que el pasado 24 de mayo se encadenaron a la Central Nuclear de Almaraz para pedir su cierre.
Así lo asegura Greenpeace en una nota de prensa, en la que explica que tras el juicio celebrado en ese juzgado al pasado 13 de diciembre contra estos 18 activistas, a los que según la versión de la organización ecologista, la Central Nuclear de Almaraz había denunciado por "un delito de coacciones".
En su fallo, el juzgado "declara la libre absolución de los 18 activistas denunciados de las imputaciones vertidas en su contra por la central nuclear de Almaraz basándose en una serie de importantes fundamentos jurídicos", asegura Greenpeace.
Por tanto considera esta organización que con el dictamen judicial, la Central Nuclear de Almaraz "ha sufrido un grave revés judicial en sus pretensiones de culpabilizar y condenar" a los activistas de Greenpeace que participaron en una "protesta pacífica" el pasado 24 de mayo.
Así, explica Greenpeace que la sentencia determina que los hechos denunciados, que consistieron en encadenarse a una de las puertas de acceso a la central nuclear de Almaraz, "no son constitutivos de infracción penal y que procede a la absolución por la ausencia de pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia", señala.
En ese sentido, y siempre según la versión de la organización ecologista, la sentencia establece que en la práctica de la prueba realizada durante el juicio, el denunciante -la central nuclear de Almaraz- "no logró demostrar que las personas denunciadas por ella fueran las que llevaron a cabo el citado encadenamiento".
CONTRADICCIONES.
Además, asegura que en esta sentencia se pone de manifiesto que el representante de la central nuclear de Almaraz, el jefe de seguridad, quien fue testigo de los hechos denunciados, "en su declaración mostró diversas contradicciones ante preguntas clave, la principal referida al número de accesos a la central", una declaración que la sentencia, a juicio de Greenpeace, califica de "poco creíble", lo que basa "no sólo en la contradicción de lo afirmado, sino también por la forma de expresarse y conducirse, así como la razón de su conocimiento".
Así, aseguran los ecologistas que el responsable de seguridad de la central nuclear de Almaraz, "a pesar de llevar trabajando más de 20 años en la central, tal y como él mismo afirmó en el juicio, mostró un sorprendente desconocimiento sobre las características de la instalación".
Y es que, en la sentencia se recoge, según Greenpeace, que el jefe de seguridad de la central nuclear, "primero aseguró que sólo existe un acceso al terreno de la central, coincidiendo con el que fue objeto de la acción de encadenamiento, a continuación, después de declarar que lleva 20 años trabajando en la Central Nuclear contesta a preguntas del Letrado [de Greenpeace], de forma evasiva y tras inconcreciones continuadas, [afirma] que existen dos puertas de acceso y que la Guardia Civil accedió por una de ellas el día de los hechos; finalmente, se vuelve a contradecir reconociendo al final que, en realidad, son tres los accesos a la central nuclear".
CONTINUARÁN LAS PROTESTAS.
Greenpeace considera que con esta sentencia "ha quedado en evidencia la actitud falsa de la central nuclear de Almaraz", así como que "su verdadera intención y propósito era el de culpabilizar y escarmentar a los activistas antinucleares para tratar de impedir nuevas protestas, en el ejercicio del derecho de manifestación, contra la actividad contaminante y peligrosa de esta instalación atómica".
Finalmente, anuncia la organización ecologista que "seguirá llevando a cabo de forma activa e independiente su labor de denuncia" y reitera al Gobierno socialista su petición de que "cumpla su compromiso de poner en marcha antes del fin de la legislatura un plan de cierre de las centrales nucleares, empezando por las más viejas y peligrosas, como son la de Santa Mª de Garoña (Burgos) y las dos unidades de Almaraz (Cáceres)".
