LONDRES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que las fuerzas de seguridad "constituyen una amenaza permanente para el pueblo de Guinea", por lo que instó a las autoridades del país a que tomen medidas "inmediatas" para impedir el uso excesivo de la fuerza contra la población civil inerme durante las operaciones policiales.
Asimismo, reclamó al Gobierno que proporcione reparación judicial y material a las familias de más de 130 personas que perdieron la vida y de más de 1.500 que resultaron heridas "durante las semanas de violenta represión contra las manifestaciones principalmente pacíficas celebradas en enero y febrero de 2007".
"Las fuerzas de seguridad guineanas constituyen una amenaza permanente para el pueblo de Guinea", manifestó la subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, Véronique Aubert. "Han hecho uso de la fuerza contra la población cada vez que el Gobierno se ha sentido amenazado", prosiguió.
"El hecho de que ninguna persona haya sido obligada a rendir cuentas muestra claramente cómo las autoridades del Estado, hasta las de más alto nivel, han encubierto estos actos e incluso los han alentado", añadió Aubert.
Tras una investigación sobre la conducta de las fuerzas de seguridad de Guinea durante las huelgas generales y las manifestaciones que tuvieron lugar en el país a comienzos de este año, Amnistía Internacional publicó hoy el informe en el que acusa a las fuerzas de seguridad --Ejército, Gendarmería y Policía-- de utilizar armas de fuego contra la población civil de manera deliberada, incluso contra niños y niñas de tres años de edad.
"El nuevo Gobierno, que tomó posesión en marzo de 2007 tras las protestas pacíficas más concurridas que se hayan visto en Guinea, debe crear sistemas que garanticen que nunca más ocurran actos de violencia de Estado como los que tuvieron lugar a comienzos de este año", advirtió Véronique Aubert.
La información reunida por investigadores de Amnistía Internacional en Guinea indica que muchos de los miembros de las fuerzas de seguridad que tomaron parte en los tiroteos eran integrantes de la Guardia Presidencial (conocidos como 'boinas rojas'), unidad del Ejército que depende directamente del jefe del Estado Mayor de la Defensa y tiene su sede en la residencia presidencial.
Aparte, según el informe, se ha confirmado que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y utilizaron fuerza excesiva, en algunos casos apuntando a los órganos vitales de los manifestantes o disparando por la espalda a cualquier persona que tratase de huir. El 17 de enero de 2007, los boinas rojas mataron a un joven alumno de enseñanza secundaria.
Otra unidad militar, llamada 'Rangers', también participó en los homicidios. Este grupo de elite de paracaidistas, creado en 2001, está especializado en la "guerra de emboscada", y ha sido entrenado en Estados Unidos y China.
Además de los homicidios, indica Amnistía Internacional en su informe, varias mujeres fueron violadas por soldados o por hombres enmascarados vestidos con uniforme militar.
Asimismo, fueron detenidas decenas de personas y muchas de ellas torturadas mientras estaban bajo custodia. Entre otras torturas, indica el informe de AI, les infligieron la llamada "tortura china", que consiste en mantener los brazos de la víctima cruzados y esposados detrás de la espalda.
En mayo de 2007, el nuevo Gobierno creó una Comisión Nacional Independiente de Investigación para examinar los actos de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional acoge con beneplácito esta iniciativa, pero cree que, dado que en el país ha reinado un clima de total impunidad durante decenios, no será fácil establecer la verdad y que se haga justicia.
"En Guinea, el mantenimiento del orden público siempre ha tenido prioridad sobre el respeto a la vida de la población civil", aseveró Véronique Aubert. "La formación de un nuevo Gobierno ha creado nuevas esperanzas en el país, pero son esperanzas frágiles que no deben quedar truncadas", concluyó.
