NUEVA YORK, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy los abusos cometidos a manos de los oficiales y soldados de Bangladesh, la impunidad de sus actuaciones y el fracaso de los diferentes gobiernos del país de asegurarse que los responsables de estos abusos sean llevados ante la Justicia.
Así, la organización pide al actual Gobierno bangladeshí que termine con esta impunidad y detalla en su informe, publicado hoy, la implicación de soldados, miembros de las fuerzas paramilitares y la Policía en las denominadas "muertes por fuego cruzado" y otras muertes sucedidas bajo custodia, así como la tortura, las "desapariciones" y los arrestos arbitrarios.
"Si eres un soldado, un miembro del Batallón de Acción Rápida o de los servicios de inteligencia, o a un oficial de Policía, puedes salir impune de un asesinato en Bangladesh", declaró el director para Asia de HRW, Brad Adams. "Pero aquellos que matan o torturan deben estar tras las rejas junto con otros criminales violentos", añadió.
Durante los últimos cinco años, el Ejército, el Batallón de Acción Rápida (RAB) --una fuerza de élite para luchar contra el crimen-- y la Policía han sido responsables de cerca de 1.000 muertes, asegura la organización. HRW y otras organizaciones han asegurado que muchas de estas muertes, a menudo descritas como "muertes por fuego cruzado", son en realidad ejecuciones extrajudiciales de personas bajo custodia.
El informe subraya el caso de Choles Ritchil, líder de la tribu indígena Mandi, arrestado y torturado hasta la muerte por un grupo de soldados en marzo de 2007. También detalla cómo Jabirul Islam Dulal, un político local del distrito de Bhola, fue torturado por oficiales de Marina en frente de su familia y vecinos unas pocas semanas antes. Aunque los testigos han identificado sospechosos en los dos casos, nadie ha sido juzgado ni encarcelado.
"Las fuerzas encargadas con el mantenimiento de la ley y la concesión de seguridad han llegado a ser conocidas por romper la ley de la forma más grave sin enfrentarse a ninguna consecuencia", señaló Adams. "Las fuerzas como el RAB y la inteligencia militar se han convertido en símbolos del abuso y la impunidad", añadió.
El informe concluye que los gobiernos en Bangladesh desde 1971 no han querido juzgar ni castigar a los oficiales del Estado responsables de estas violaciones. También pide al gobierno que cree un programa de protección de testigos y juzgue o tome medidas disciplinarias contra cualquiera que intente detener o dificultar una investigación criminal.
TOLERANCIA CERO
El nuevo Gobierno de Bangladesh, bajo el liderazgo de la primera ministra, Sheij Hasina, ha declarado una política de "tolerancia cero" para las ejecuciones extrajudiciales, y subrayó que los oficiales del Estado que se involucren en estas actividades serán castigados. Sin embargo, no hay indicios de que las autoridades hayan iniciado investigaciones serias en los abusos anteriores o en acusaciones creíbles.
HRW también pide que, dada su larga historia de arrestos arbitrarios, tortura y ejecuciones extrajudiciales, el RAB y la agencia de inteligencia sean disueltas o que se cree una comisión independiente para evaluar sus actuaciones e identifiquen y recomienden la destitución de los oficiales de los que se sospeche que hayan sido responsables de violaciones graves de Derechos Humanos, además de desarrollar un plan de acción que las transforme en agencias que operen dentro de la ley y con un respeto total al Derecho Internacional.
"Como parte de las convenciones de Derechos Humanos de la ONU, Bangladesh está obligado a asegurarse que todas las violaciones pasadas y futuras son investigadas, y que los responsables son llevados ante la Justicia", manifestó Adams. "Si Bangladesh llega a ser un país en el que los Derechos Humanos fundamentales son respetados y la ley se aplica de forma equitativa a los pobres y a los poderosos, la cultura actual de impunidad será de esta forma derribada", aseguró.
