MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que tanto las autoridades birmanas como miembros de grupos arakaneses han cometido desde junio de 2012 delitos de lesa Humanidad contra musulmanes rohingyas en el estado de Arakán (oeste), como parte de una campaña de limpieza étnica.
De acuerdo con el informe de 153 páginas divulgado por la organización, el Gobierno birmano y las autoridades locales han estado implicadas en el desplazamiento forzoso de más de 125.000 musulmanes.
En octubre de 2012, funcionarios, líderes comunitarios birmanos y monjes budistas, organizaron y alentaron, con el respaldo de las fuerzas de seguridad del estado, a miembros de la etnia arakanesa para que llevaran a cabo ataques coordinados sobre vecindarios y aldeas musulmanas con el objeto de aterrorizar a la población y obligarla a desplazarse a otros sitios, según HRW.
Además, la ONG ha denunciado que las decenas de miles de desplazados "no han tenido acceso a ayuda humanitaria" y, en la actualidad, "todavía no han podido regresar a sus hogares".
"El Gobierno de Birmania ha participado en una campaña de limpieza étnica contra la comunidad rohingya al negarles acceso a asistencia humanitaria y restringirle su circulación", ha declarado el subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson. "El Ejecutivo tiene que detener inmediatamente los abusos y juzgar a los implicados ya que en caso contrario será responsable de nuevos actos de violencia contra minorías étnicas y religiosas en el país", ha proseguido.
La organización ha informado de que tras los enfrentamientos de junio de 2012 entre arakaneses y rohingyas, las autoridades han destruido mezquitas, han realizado "detenciones masivas y han bloqueado la ayuda para los musulmanes desplazados".
Además, según el comunicado, el pasado 23 de octubre, multitudes de arakaneses atacaron comunidades musulmanas de nueve poblaciones diferentes, "arrasando aldeas y matando a residentes", al tiempo que las fuerzas de seguridad se mantenían al margen o incluso ayudaban a los agresores "directamente". Algunas de las personas fallecidas "fueron enterradas en fosas comunes", lo cual dificulta que los responsables de esos actos rindan cuentas, ha denunciado la ONG.
Tras la escalada de violencia y abusos en el noroeste del país entre junio y octubre, Human Rights Watch viajó a Arakán donde entrevistaron a más de un centenar de rohingyas, musulmanes no rohingyas y arakaneses que sufrieron o presenciaron abusos, además de a algunas personas que organizaron y perpetraron los actos de violencia.
La ONG ha subrayado que el incidente con mayor cantidad de víctimas fatales ocurrió el pasado 23 de octubre, cuando al menos 70 rohingyas fueron asesinados en una masacre que duró todo un día, en la aldea Yan Thei, en el distrito Mrauk-U (oeste). A pesar de que previamente se había advertido de este ataque, sólo se movilizaron "una pequeña cantidad de policías antidisturbios, policías locales y soldados del Ejército", ha declarado HRW.
FALTA DE MEDIDAS
"En octubre, las fuerzas de seguridad miraban hacia otro lado mientras grupos de arakaneses atacaban los asentamientos de musulmanes, o bien se sumaban a la matanza y los incendios", ha enfatizado Robertson. "Seis meses más tarde, el Gobierno continúa culpando de las muertes y los destrozos a la 'violencia comunitaria', aunque, en realidad, sabía lo que estaba ocurriendo y podría haber actuado en consecuencia para impedirlo", ha añadido.
Ye Htut, un portavoz presidencial y viceministro de Información, ha rechazado a través de su página de Facebook el informe de HRW por haber ofrecido información de sólo "una parte" de los implicados, según informa Reuters.
"Sus palabras son inaceptables. El Gobierno de Birmania no va a tener en consideración este informe que sólo ha tenido en cuenta un lado", ha declarado Ye, quien ha añadido que el Ejecutivo solamente prestaría atención a su propia comisión de investigación creada tras los primeros actos de violencia del pasado junio.
Según Robertson, "los funcionarios locales y los líderes de la comunidad han participado en un esfuerzo conjunto para demonizar y aislar a la población musulmana como precedente por los sanguinarios ataques perpetrados por los grupos de arakraneses". "Incluso, desde la matanza, el Gobierno central no ha adoptado ninguna medida para castigar a los responsables ni la reintegración de los musulmanes que fueron desplazados forzosamente", ha agregado.
A su vez, HRW denuncia que el Gobierno del presidente Thein Sein obstaculiza la entrega de ayuda humanitaria y que, a pesar de que en algunas áreas las fuerzas de seguridad brindan protección a los desplazados, en la mayoría de los casos, se comportan como guardias penitenciarios y les impiden acceder a los mercados, medios de subsistencia y ayuda humanitaria, que muchos "necesitan imperiosamente".
"El problema con la entrega de ayuda en Arakán no es un fallo en la coordinación, sino en el Gobierno que no ha permitido que los musulmanes desplazados accedan a la asistencia y tengan libertad de movimiento", ha indicado Robertson. "Estamos a pocas semanas de una crisis humanitaria absolutamente previsible y evitable, que se desatará en el momento en el que empiece a llover, se inunden los campamentos y comiencen a propagarse las enfermedades transmitidas a través del agua", ha puntualizado.
