MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) - La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este viernes al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que vete las últimas enmiendas de la legislación por considerar que violarían los compromisos internacionales del Gobierno y limitarían la libertad de expresión, y ha reclamado al jefe de Estado que garantice que nadie sea castigado por ejercer sus derechos fundamentales.
Las enmiendas legislativas adoptadas el pasado 14 de mayo por el Milli Majlis, el Parlamento de Azerbaiyán, ampliarían las leyes de difamación para incluir "explícitamente" las declaraciones realizadas 'online', ha subrayado la organización. Estas enmiendas contradicen los compromisos de Azerbaiyán de despenalizar la difamación, ha proseguido.
Aparte, permitirían, según HRW, aumentar "significativamente" las penas de cárcel para los delitos de orden público de menor importancia, como el incumplimiento de las normas vinculadas a la celebración de manifestaciones.
"Las nuevas enmiendas imponen castigos absolutamente desproporcionados e injustificados a las personas que quieren expresarse, ya sea de manera 'online' o en las calles", ha declarado Giorgi Gogia, investigador de HRW para Europa y Asia Central.
"A menos que se rechacen, las enmiendas tendrán un efecto negativo en los derechos relativos a la libertad de expresión y de reunión, violarían las obligaciones internacionales de Azerbaiyán y se vendrían abajo las oportunidades de la disidencia legítima", ha agregado.
Las enmiendas se producen en medio de una ofensiva contra la libertad de expresión, reunión y asociación en el período previo a las elecciones presidenciales que se celebrarán presumiblemente el próximo mes de octubre. Mientras, ha indicado HRW, continúa la represión policial de las manifestaciones pacíficas y las detenciones de activistas políticos opositores, activistas de medios sociales y defensores de los Derechos Humanos y otros críticos con el Gobierno de Aliyev.
El Plan Nacional de Acción de Azerbaiyán sobre los Derechos Humanos, aprobado por Aliyev en 2011, preveía la despenalización de la difamación. Sin embargo, en 2012, el Gobierno se dirigió a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) para solicitar que se elaborasen nuevas disposiciones en lo que a difamación se refiriese, de acuerdo con el comunicado.
PASOS HACIA ATRÁS
Según una resolución de enero de 2013 aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Gobierno de Azerbaiyán tenía que "elaborar una nueva ley sobre la difamación conjuntamente con la Comisión de Venecia".
"Tras 18 meses de la retórica gubernamental sobre la despenalización, las enmiendas son un retroceso terrible y una traición a los compromisos internacionales", ha destacado Gogia. "Azerbaiyán debería seguir adelante, y no hacia atrás, respecto al proceso de despenalizar la difamación", ha agregado.
"Es difícil evitar llegar a la conclusión de que las autoridades de Azerbaiyán han propuesto estas enmiendas con el objetivo de intimidar a ciber activistas azeríes y sofocar las críticas", ha proseguido el investigador.
Estas reformas incrementarían las penas de cárcel para ciertos delitos administrativos relacionados con las normas de tráfico, el vandalismo y otras infracciones, pero están "claramente" orientadas a reforzar "la prohibición efectiva" del Gobierno sobre todas las formas de "protesta pacífica" en el centro de la capital, Bakú, ha enfatizado HRW.
Desde principios de 2006, las autoridades no han autorizado ni una sola protesta de la oposición en el centro de Bakú y, en su lugar, según el comunicado, han intentado que éstas se celebren en zonas determinadas de las afueras de la ciudad.
La ONG ha agregado que estas enmiendas socavan los derechos procesales de los detenidos. "Las nuevas penas de prisión equivalen a una sanción penal, pero de ninguna manera los detenidos obtienen plenos derechos en el proceso judicial", ha apostillado Gogia.
