MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este lunes que la Autoridad Nacional para la Prevención de la Tortura, recientemente aprobada por el Parlamento de Túnez, esté formada por expertos "cualificados e independientes" y disponga de suficientes recursos y apoyo político para llevar a cabo su misión.
La ley por la que se instaura la Autoridad Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada el pasado 9 de octubre por la Asamblea Nacional Constituyente, que aún deberá designar, en sesión plenaria, a los 16 integrantes de este nuevo organismo a partir de una lista más amplia de candidatos.
"La creación de este nuevo organismo es una oportunidad sin precedentes para enfocar el historial de torturas y malos tratos en Túnez", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Eric Goldstein.
"El éxito de la nueva institución dependerá de que el Parlamento escoja a personas cualificadas e independientes para dirigirla y de que las autoridades le otorguen el apoyo y la cooperación que necesite", ha añadido.
Túnez es el primer país de la región de Norte de África y Oriente Próximo que establece un mecanismo nacional independiente para impedir las torturas, en línea con las recomendaciones del Protocolo Adicional de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ratificado por Túnez en junio de 2011. Hasta la fecha, 45 Estados han establecido este tipo de organismos en el mundo.
Los miembros del organismo tendrán autoridad para visitar cualquier lugar en que haya personas privadas de libertad a fin de documentar posibles torturas y malos tratos, de solicitar la apertura de investigaciones penales y administrativas y de emitir recomendaciones para la erradicación de las torturas y los malos tratos.
No obstante, ha advertido Human Rights Watch, la ley por la que se aprueba el nuevo organismo contra la tortura permite a las autoridades vetar las visitas de sus miembros a los centros de detención en determinadas circunstancias, lo cual es "incoherente con los mecanismos establecidos en el protocolo" de la ONU.
Según HRW, durante el régimen del expresidente Zine El Abidine Ben Ali (derrocado en enero de 2011) se pudo constatar un número "desenfrenado" de casos de torturas y malos tratos, a pesar de que el país había ratificado la Convención de la ONU contra la Torturas y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes en septiembre de 1988.
Aparte, en los más de dos años y medio transcurridos desde la caída de Ben Alí "los grupos de Derechos Humanos han documentado un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones y de malos tratos en los interrogatorios", ha denunciado la organización.
