MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este jueves las violentas medidas que se aplican en Bangladesh contra los inmigrantes 'rohingya' que han causado que miles abandonen este país por temor a las represalias.
Según MSF, muchos han buscado refugio en el campamento de Kutupalong, donde las organizaciones tratan a las víctimas de palizas y acoso, incluido el que ha realizado la Guardia Fronteriza bangladeshí, que ha intentado repatriarlos de manera forzosa a Birmania. Mientras el número de inmigrantes en este campamento sigue aumentando, señala MSF, las condiciones suponen un riesgo significativo para su salud.
Miles de 'rohingyas', una minoría musulmana procedente del estado Rajine, situado en la zona occidental de Birmania, país en el que han sufrido años de persecución, han huido durante los últimos meses a bordo de barcos de madera con dirección hacia Tailandia y Malasia.
En el informe publicado hoy, la organización pide un fin inmediato a la violencia, y pide medidas urgentes por parte del Gobierno de Bangladesh y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para incrementar la protección hacia estos inmigrantes
"Más de 6.000 personas han llegado al campamento desde octubre, 2.000 sólo durante enero", afirmó el director de la misión de MSF para este país, Paul Critchley. "La gente está masificada en una zona que no tiene ningún tipo de sanidad sin infraestructuras para ayudarlos. Mientras los números aumenta y los recursos escasean cada vez más, estamos extremadamente preocupados porque la crisis pueda aumentar", añadió.
Desde hace décadas, los 'rohingya' han buscado refugio en Bangladesh. Sin embargo, sólo 28.000 han sido reconocidos como refugiados y viven en campamentos bajo la supervisión de ACNUR, mientras hay más de 200.000 que intentan sobrevivir sin ser reconocidos y sin tener derecho a ningún tipo de asistencia.
En un país tan densamente poblado con una fuerte competición por el trabajo, el espacio y los recursos, es inevitable que, a nivel local, estos apátridas sean más vulnerables. "Es imperativo que el Gobierno actúe inmediatamente para detener la violencia y dar a esta gente la protección que necesitan", concluyó Critchley.
"ACNUR también necesita tomar más medidas para desarrollar una política clara con la que afrontar esta cuestión, y no debe dejar que los términos de su acuerdo con el Gobierno dañe su papel como el organismo encargado de proteger a los que han perdido la protección de su país, o aquellos que no tienen estado al que ir", aseveró.
